La medida busca evitar extorsiones y negocios ilícitos dentro de los centros penitenciarios.
Desde este miércoles, las personas privadas de libertad no podrán portar ni utilizar dinero en efectivo dentro de los centros penitenciarios, según lo establece la circular DGAS 01-03-25 emitida por la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz.
La medida pretende frenar la compra y venta de drogas, extorsiones y otras actividades ilícitas dentro de las cárceles. Para garantizar un control financiero seguro, se analiza la implementación de cuentas bancarias para los privados de libertad, en coordinación con entidades bancarias estatales.
Además, se ordenó el decomiso del dinero en efectivo a quienes lo porten y se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los privados de libertad entreguen el dinero en su posesión a familiares o personas de confianza.
Nuevas medidas de seguridad
En el centro penitenciario Jorge Arturo Montero se puso en funcionamiento un escáner corporal (Bodyscanner), donado por la Embajada de Estados Unidos en 2016. Desde su instalación el pasado 22 de marzo, el dispositivo ha detectado drogas y teléfonos celulares ocultos en cavidades corporales de al menos cuatro reclusos.
Asimismo, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que busca endurecer los criterios para otorgar beneficios a privados de libertad. La propuesta plantea que el Instituto Nacional de Criminología tenga mayor peso en la evaluación de casos, especialmente en delitos de crimen organizado, narcotráfico y homicidios.
El proyecto también centraliza la administración de las cárceles bajo la Dirección General de Adaptación Social, eliminando la doble administración de distintos poderes del Estado.
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