La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate un proyecto que sanciona tanto a turistas como a operadores turísticos que promuevan o realicen actividades no autorizadas en parques nacionales y otras zonas silvestres
La iniciativa busca frenar el aumento de ingresos irregulares a áreas silvestres protegidas, una práctica que viene en ascenso y que preocupa a las autoridades ambientales.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) advirtió que, solo entre diciembre y enero, fueron detectadas 408 personas ingresando por puntos no autorizados.
El volcán Irazú encabeza la lista con 200 casos. Le sigue la isla San Lucas con 88. También se reportaron ingresos ilegales en Bahía Junquillal, Gandoca-Manzanillo y Juan Castro Blanco.
Según las autoridades, estas conductas representan un riesgo tanto para la seguridad de las personas como para la conservación de los ecosistemas.
El texto aprobado en primer debate establece una multa base de ¢1.386.600 para quienes incumplan la normativa.
Ese mismo monto se aplicará a personas o empresas que promuevan, incluso mediante plataformas digitales, actividades no autorizadas dentro de estas zonas.
Para operadores turísticos las sanciones serán más altas. Si un guía o una empresa ingresa con visitantes a zonas catalogadas como de alto riesgo, la multa podría alcanzar los ¢4.622.000.
El proyecto aún debe superar el segundo debate en el plenario legislativo.
Una vez aprobado, deberá ser publicado en La Gaceta para que entre en vigencia.
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