Institución advierte que sostenibilidad del régimen no debe afectar ingresos de jubilados ni futuras pensiones
La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas para las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de los pensionados.
La posición fue dada a conocer este miércoles 6 de mayo del 2026 y parte de la premisa de que la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal de los ajustes a trabajadores, futuros pensionados y personas jubiladas.
La Defensoría reconoció que existen presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, sostuvo que las soluciones deben ser integrales, progresivas, equitativas y técnicamente sustentadas, y no enfocadas únicamente en ajustes paramétricos.
La reacción surge luego de que la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social remitiera a la Junta Directiva el informe técnico denominado “Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones”.
Ese documento contempla 20 propuestas, divididas en:
- diez cuantificables,
- cinco estructurales,
- y cinco administrativas.
Entre las medidas analizadas se encuentran:
- ajustes en la tasa de reemplazo básica,
- contribución de pensionados al Seguro de Salud,
- aumento de 300 a 360 cuotas para optar por pensión ordinaria,
- financiamiento alternativo,
- fortalecimiento de gobernanza,
- diversificación de inversiones,
- y la creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones.
Frente a estas propuestas, la Defensoría señaló que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente y considera que la tasa integral no debería ser inferior al 75% entre IVM y ROPC.
Además, indicó que este análisis debe hacerse tomando en cuenta no solo el monto bruto, sino también el ingreso neto que finalmente recibe la persona pensionada.
La institución advirtió que una eventual contribución al Seguro de Salud reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando principalmente a quienes dependen casi exclusivamente del IVM para cubrir necesidades básicas.
La Defensoría también expresó preocupación ante propuestas que eleven la cantidad de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado.
Según indicó, en un mercado laboral marcado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades para acceder al empleo formal, un aumento en los requisitos podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero que no lograrían completar las condiciones exigidas.
Como alternativa, propuso valorar una pensión proporcional a lo cotizado, para que quienes no alcancen el total de cuotas no queden completamente desprotegidos.
La institución considera que esto permitiría reconocer el esfuerzo contributivo acumulado, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar nuevas formas de exclusión en la vejez.
“La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia”, señaló la Defensoría.
La entidad indicó además que no respalda medidas que reduzcan la protección efectiva de pensionados o personas próximas a jubilarse.
La Defensoría explicó que estas objeciones fueron planteadas en reuniones del equipo técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta remitida a la Junta Directiva de la CCSS.
Por ello, anunció que enviará una posición técnica con alternativas para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.
Entre los aspectos que incluirá el documento, la institución sostiene que el problema del IVM no puede analizarse de forma aislada de factores como:
- informalidad laboral,
- brechas de género,
- baja densidad contributiva,
- deudas con la seguridad social,
- debilidades de cobro,
- y problemas de gestión institucional.
La propuesta de la Defensoría plantea una ruta basada en:
- ampliación de cobertura,
- formalización laboral,
- recuperación de obligaciones,
- transparencia,
- financiamiento solidario,
- y mejor administración de las reservas.
Finalmente, la institución señaló que la discusión nacional sobre el IVM debe basarse en información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad y estudios sobre impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, además de una deliberación pública transparente.
También advirtió que aprobar medidas regresivas sin analizar otras alternativas podría debilitar la confianza ciudadana, incentivar la informalidad y afectar la legitimidad del sistema.
La Defensoría reiteró que el IVM es el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es fundamental para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia, insistiendo en que la sostenibilidad financiera debe mantenerse en equilibrio con la suficiencia de las prestaciones y el principio de solidaridad.
About The Author
Noticias Relacionadas
Lluvias volverán a varias regiones del país durante este martes. – ACR.net
Aumento de humedad traerá más nubosidad y lluvias aisladas este lunes. – ACR.net
Domingo estará marcado por ambiente seco, pocas nubes y escasas lluvias en el país. – ACR.net