Iniciativas clave se enfocan en combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad en el país.
En una reunión convocada este miércoles por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, los diputados y el Poder Judicial se comprometieron a impulsar tres proyectos de ley considerados prioritarios para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Los tres expedientes ya están en la corriente legislativa y serán objeto de mayor atención en los próximos meses.
Los proyectos prioritarios son los siguientes:
- Proyecto para atacar capitales del narcotráfico
Este proyecto propone una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada para incorporar una medida cautelar que permita asegurar bienes relacionados con procesos por capitales emergentes, es decir, bienes y valores que podrían originarse en actividades delictivas. La Fiscalía sería la única entidad autorizada para solicitar el congelamiento de estos bienes, sin un monto mínimo previamente establecido, y dejando a criterio de los investigadores cuándo hacerlo. El proyecto fue aprobado en primer debate el 27 de agosto, pero la Sala Constitucional lo declaró con vicios constitucionales el 23 de octubre, lo que obliga a los congresistas a corregirlo. La Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad ya aprobó un informe que recomienda subsanar estos vicios. - Proyecto para reformar el Código Procesal Penal y fortalecer la prisión preventiva en delitos contra la seguridad ciudadana
Esta reforma propone adicionar “el peligro para la comunidad” y “actos de terrorismo relacionados directamente con la investigación” como causas para aplicar prisión preventiva en ciertos delitos. Las modificaciones abarcarían los artículos 239 y 239 bis del Código Penal. El proyecto será devuelto a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para correcciones, tras los señalamientos de la Sala IV. - Proyecto sobre ejecución de la pena
Este proyecto busca endurecer los beneficios carcelarios para las personas condenadas por delitos graves como crimen organizado, narcotráfico, homicidio y femicidio. Se establece que quienes sean condenados por estos delitos no podrán solicitar beneficios como la reducción de pena. El retiro temporal de este proyecto provocó su estancamiento por tres meses, pero el Congreso tiene como objetivo aprobarlo antes del 1.º de mayo, fecha en que comenzarán las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo tomará el control de la agenda legislativa.
Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos por mejorar la seguridad en el país y combatir el crimen organizado, en medio de la crisis de inseguridad que enfrenta Costa Rica.

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