Estudio de la Defensoría expone recortes, déficit habitacional y fallas de gobernanza en los programas sociales de vivienda
Un estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes sobre los programas sociales de vivienda en Costa Rica evidencia cómo el acceso a una vivienda digna sigue siendo un desafío creciente, especialmente para personas en situación de pobreza básica y extrema.
El informe resalta que una parte importante de la población no califica para préstamos por sus bajos ingresos y, al tener que alquilar, se les dificulta generar ahorros. Esta condición crea un ciclo que impide mejorar su calidad de vida.
En el caso del programa Bono por Necesidad Extrema, que se asigna a familias sin lote y con alto grado de vulnerabilidad, los datos presupuestarios entre 2019 y 2024 revelan importantes altibajos. Los recortes más significativos ocurrieron en 2020 (17,1%) y 2022 (18,7%). En contraste, el 2024 representa el año con mayor presupuesto, con un aumento del 19% respecto al año anterior.
En cuanto a beneficiarios, 2019 fue el año con mayor cobertura, al alcanzar a 8.542 familias. Por su parte, el Bono Ordinario —dirigido a personas de bajos recursos, clase media en riesgo y afectados por emergencias— ha visto un incremento en presupuesto durante los últimos dos años, aunque el déficit habitacional no ha mostrado mejoras relevantes.
Entre 2020 y 2022, el déficit habitacional nacional se mantuvo entre un 3% y un 5%. Según el BANHVI, factores como el alza en los costos de construcción y el incremento del IVA al 13% limitan directamente la cantidad de soluciones habitacionales disponibles.
La Defensoría también señaló que la gobernanza del sector vivienda presenta fallas importantes debido a la falta de un marco normativo claro. Aunque el Ministerio de Vivienda ha intentado orientar decisiones dentro del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FUSOVI), persisten obstáculos relacionados con la dispersión de funciones dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) y la carencia de una ley que consolide su rol rector.
Otro de los hallazgos del estudio es que los recursos del FUSOVI no se asignaron estratégicamente en las zonas con mayor déficit habitacional. En lugar de una priorización territorial, la asignación de fondos respondió principalmente a la oferta presentada por empresas desarrolladoras, lo que generó un desajuste entre la planificación pública y las dinámicas del mercado inmobiliario.
Finalmente, la Defensoría advierte que la solución al déficit habitacional no debe limitarse a la entrega de viviendas. Propone una visión integral que incluya la inserción laboral, la atención a asentamientos informales y una planificación urbana adecuada. Además, urge modernizar los sistemas de información y seguimiento del FUSOVI para garantizar una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos.
Así lo expresó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, al presentar los resultados del estudio.
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