Tribunal Penal anula resoluciones clave en el Caso Diamante. – SomosACRnet

Decisión podría invalidar pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas.

El proceso judicial relacionado con el Caso Diamante continúa en fase de investigación preliminar, sin personas señaladas hasta el momento, según información del Poder Judicial.

Este lunes, el Tribunal Penal de Hacienda anuló dos resoluciones que declaraban el expediente como crimen organizado, lo que podría invalidar pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas, ya que este tipo de medidas solo se aplican en casos de delincuencia organizada.

Entre los puntos allanados en 2021 durante la investigación estuvieron la casa del alcalde de Cartago, Mario Redondo, y la municipalidad de ese cantón. Los abogados defensores del alcalde, cinco exalcaldes y otros imputados alegaron errores de procedimiento en la causa, y su solicitud fue acogida por el Tribunal.

Uno de los errores señalados es la incorporación, por parte de la jueza, de un machote con párrafos extraídos de resoluciones ajenas al expediente, relacionadas con un homicidio y un aborto, delitos sin vínculo con este caso. Esto generó confusión sobre los hechos imputados a los sospechosos.

Entre los investigados por presuntamente recibir dádivas en 15 proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial cantonal figuran el alcalde de Cartago, Mario Redondo, y los exalcaldes Johnny Araya (San José), Alfredo Córdoba (San Carlos), Humberto Soto (Alajuela), Arnoldo Barahona (Escazú) y Alberto Cole (Osa).

El Caso Diamante derivó en una serie de allanamientos que llevaron a la detención de los sospechosos el 15 de noviembre de 2021, incluyendo funcionarios municipales y representantes de las constructoras MECO y Explotec.

Aunque la Fiscalía argumentó que se trató de un error de la jueza, el Tribunal Penal de Hacienda rechazó esta justificación, señalando que la declaratoria de crimen organizado debe cumplir con los requerimientos legales correspondientes.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que había sido notificada recientemente sobre la resolución y procederá a analizarla en detalle.

Paralelamente, la Inspección Judicial abrió un expediente de oficio para determinar el origen de los errores procesales que llevaron a la anulación de las resoluciones. Este procedimiento se tramita en el expediente número 25-000500-031-DI.

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