La decisión judicial confirma la capacidad del Gobierno para regular la seguridad en telecomunicaciones avanzadas.
San José, 14 de agosto de 2024 – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una sentencia que respalda plenamente las acciones del Gobierno de la República en la regulación de la tecnología 5G en Costa Rica. Esta decisión apoya el “Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores”, promulgado por el Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos de ciudadanos y empresas.
La sentencia, identificada como número Res. N° 2024-002222 y dictada el 26 de enero de 2024, rechaza un recurso de amparo y medidas cautelares presentado por una empresa de telecomunicaciones que solicitaba la suspensión de dicha normativa. La Sala Constitucional reafirma la facultad del Gobierno para establecer requisitos técnicos y de seguridad para la implementación de tecnologías 5G y superiores, asegurando la protección de la infraestructura crítica del país y los derechos de los usuarios.
Entre los puntos clave de la sentencia se destacan:
- Competencia del Poder Ejecutivo: La Sala confirma que el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para definir las políticas públicas en ciberseguridad para redes de telecomunicaciones de tecnologías 5G y superiores.
- Cumplimiento del Reglamento: El Reglamento no impone requisitos imposibles de cumplir ni discrimina a ninguna empresa en particular.
- Constitucionalidad y Tratados Internacionales: La normativa no transgrede la Constitución Política ni los Tratados Internacionales vigentes.
- Neutralidad Tecnológica: La regulación está supeditada a los intereses legítimos de la política pública, sin contravenir la libre competencia.
El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la Ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Paula Bogantes, han expresado su preocupación por el retraso en la resolución de una medida cautelar interpuesta por un sindicato del ICE ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Esta medida ha suspendido la ejecución del reglamento, a pesar del respaldo judicial recibido. El retraso, según el Presidente y la Ministra, coloca al ICE en una desventaja en el mercado competitivo.
Noticias Relacionadas
Ministerio de Justicia revela detalles sobre dos oficiales vinculados al caso Riverside. – ACR.net
Registro Nacional recuerda requisitos para inscribir legalmente las bicimotos en Costa Rica. – ACR.net
Más de 129 toneladas de desechos fueron retiradas de las cárceles del país. – ACR.net