Reforma legal en Costa Rica: Homicidas, violadores y secuestradores deberán cumplir más tiempo antes de optar por libertad condicional. – SomosACRnet

Nueva ley establece requisitos más estrictos para acceder al beneficio de libertad anticipada.

El presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, firmó la ley de “Reforma del cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional”, la cual establece cambios significativos en el proceso de liberación anticipada para personas condenadas por delitos graves.

Según esta nueva normativa, aquellos que estén cumpliendo sentencias por homicidio simple, homicidio calificado, violación, abusos sexuales contra menores e incapaces, trata de personas, secuestro extorsivo, entre otros delitos graves, deberán cumplir dos terceras partes de su pena antes de poder optar por la libertad condicional. Anteriormente, la legislación permitía revisar su caso a la mitad de la sentencia.

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, quien acompañó al presidente Chaves en la firma de la reforma, destacó que esta medida refleja el compromiso del gobierno de garantizar que las penas impuestas a quienes han cometido delitos graves se cumplan en su totalidad. Asimismo, señaló que la nueva ley busca fortalecer el sistema penitenciario y enviar un mensaje claro de que las penas deben ser respetadas, especialmente en casos de delitos graves que han causado un daño significativo a la sociedad.

La ley también establece que, para poder acceder a la libertad condicional, la persona condenada no debe tener otros delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la legitimación de capitales o el financiamiento al terrorismo. Esto garantiza que el otorgamiento de la libertad condicional esté sujeto a un análisis exhaustivo de los antecedentes delictivos y el comportamiento del condenado durante su tiempo en prisión.

Con esta reforma, Costa Rica busca garantizar una mayor justicia y seguridad en el sistema judicial, así como proteger a la sociedad de individuos que representen un riesgo para la comunidad.