Esta mañana el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro de Comunicación y Enlace, Jorge Rodríguez Vives, denunciaron penalmente al diario la Nación y a la exministra Patricia Navarro.
La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía General de la República, tras informaciones privadas dadas a conocer por el diario de circulación nacional los días 4 y 5 de diciembre.
El periodico la Nacion indico en dias pasados que se han difundido conversaciones grabadas que involucran al presidente de la República, Rodrigo Chaves, ministros y asesores de imagen, revelando información crucial sobre la contratación irregular de servicios de comunicación por parte del Gobierno.
Los audios, entregados por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, exponen una trama que involucra la contratación de Christian Bulgarelli Rojas, un productor audiovisual, para la consultoría estratégica de comunicación en Casa Presidencial. Esta contratación, financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), supuestamente se fraguó poco después de que Chaves asumiera la presidencia en mayo de 2022.
Se revela que tanto el presidente Chaves como el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, estuvieron en conversaciones con Bulgarelli sobre el contrato de $300,000 antes de que el banco realizara un concurso público para otorgar el proyecto, el cual finalmente fue ganado por el empresario.
Además, se confirma la participación del asesor de imagen Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, en el contrato de servicios de comunicación. El presidente Chaves mostró interés en la implicación de Cruz en el contrato un mes antes de que el BCIE hiciera público el concurso, aunque el negocio fue adjudicado finalmente a Bulgarelli a través de la empresa Nocaut.
Estos audios también exponen que Chaves mostró un interés particular en revisar el contrato por $300,000, expresando tener “un montón de antojos” y buscando ciertos ajustes o “cariñitos”.
El presidente y otros funcionarios involucrados no han emitido comentarios hasta el momento. Estas revelaciones han generado un debate público sobre la transparencia y la legalidad en la contratación de servicios por parte del Gobierno.
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