Solo en La Guácima hay 18.000 unidades retenidas. El colapso ya limita nuevos decomisos en operativos viales.
Una crisis de almacenamiento sin precedentes afecta al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI): sus patios están completamente saturados con motocicletas decomisadas, lo que comienza a obstaculizar los operativos de tránsito en todo el país.
En el plantel de El Coco, cercano al Aeropuerto Juan Santamaría, las escenas son elocuentes: centenares de motocicletas apiladas, muchas deterioradas tras más de una década de abandono. Según datos oficiales, unas 40.000 motos permanecen bajo custodia del COSEVI, con más de 18.000 concentradas en La Guácima.
Las causas del abandono son múltiples. En gran parte, los propietarios prefieren no reclamar las motos debido a que las multas acumuladas superan el valor comercial del vehículo, especialmente en unidades de baja cilindrada, muchas de ellas circulando sin placas o sin licencia. A esto se suma la tramitología legal y administrativa, que vuelve inviable el proceso de recuperación.
Mientras tanto, no existe un sistema ágil para subastar, reutilizar o destruir las unidades, lo que mantiene el problema en un punto muerto.
A pesar del colapso en los patios, las autoridades continúan ejecutando operativos. Solo este jueves, la Policía Municipal de San José decomisó 13 motocicletas y emitió 140 boletas de infracción durante una intervención nocturna. Las motos fueron enviadas al plantel de Barrio Cuba, que también está al límite de su capacidad, a la espera de autorización para nuevos ingresos.
Los controles se concentran en piques ilegales y caravanas nocturnas, prácticas cada vez más frecuentes y que representan un riesgo alto para la seguridad vial. Maniobras peligrosas, exceso de velocidad y bloqueos de vías públicas son algunas de las características de estas actividades.
En lo que va del 2025, las autoridades han confiscado más de 3.400 motocicletas, en su mayoría relacionadas con faltas graves, como conducir sin licencia, circular sin placa o evadir retenes.
El panorama evidencia un problema estructural: sin una reforma en el manejo de vehículos decomisados, la acumulación seguirá creciendo, comprometiendo no solo la logística del COSEVI, sino también la seguridad vial en todo el país.
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