Recorte al presupuesto del 2023
10 de octubre del 2022. El amplio recorte al presupuesto que dispuso el Gobierno de la República al Poder Judicial significa que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tendrá una disminución de ¢2.900 millones, lo cual deja en el horizonte la posibilidad de que la institución entre en un cierre técnico en abril del año entrante.
Lo que significa que la policía judicial no contaría con los recursos necesarios para llevar adelante la labor de investigación y operación, debido a la afectación en dineros destinados específicamente para todas las pericias forenses y las investigaciones a nivel nacional, lo que perjudicará las operaciones del OIJ a partir de enero del 2023.
“Los afectados directos con este recorte presupuestario además de las personas que integran la policía judicial, son los usuarios de nuestros servicios. Además, la administración de justicia va a recibir un duro golpe en el tema que les compete”, señaló Walter Espinoza, director general del OIJ.
Esto, en momentos en que el crimen organizado ha ido en nuestro país, lo que ha generado un incremento en los índices de violencia y de inseguridad ciudadana.
Según Espinoza, Costa Rica es el principal país en la ruta centroamericana del tráfico de cocaína y también ocupa las primeras posiciones de los países de la región en incautaciones que se han realizado en los últimos años; si se da esta reducción presupuestaria no sé podría atacar al crimen organizado.
Dentro de las rebajas de dineros que sufrirá el OIJ se afectará en la renovación de 957 chalecos antibalas, compra de equipo para allanamientos, eliminación de las pólizas de riesgo de trabajo, reducción en el combustible, compra de reactivos químicos para realizar pruebas de ADN, balística, toxicología, análisis de drogas, etc,
827 millones (100%): Imposibilidad de renovar 957 chalecos antibalas lo que representa el 80% del personal del OIJ.
126 millones (100%): se elimina la partida de gastos confidenciales, que se utiliza para realizar compras controladas de drogas, investigación de delitos de tráfico y trata de personas, pornografía infantil, pago de informantes, entre otros gastos.
118 millones en la subpartida de alimentos y bebidas, dinero destinado a la alimentación de los sospechosos detenidos en las celdas judiciales.
518 millones destinados para el mantenimiento y reparaciones de equipos de comunicación, laboratorios del Departamento de Ciencias Forenses y los sistemas informáticos (Sistema de identificación de huellas dactilares (AFIS), Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS por sus siglas en ingles) y el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS).
33 millones (96%) para la compra de equipo para allanamientos (cizallas hidráulicas, arietes, cadenas, etc.).
186 millones destinados para repuestos de vehículos y equipo de laboratorio.
118 millones (40%) en la partida para la compra de reactivos químicos utilizados para pruebas de ADN, Toxicología, Balística, Análisis de drogas, etc.
185 millones destinados para el alquiler de edificios que albergan a alrededor de 390 policías que integran el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE), Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPROV), Plataforma de Información Policial (PIP) y la Unidad de Análisis Criminal (UAC) y debido a sus funciones no pueden realizar funciones de teletrabajo.
97 millones para la compra de equipo de cómputo para el personal de investigación.
91 millones (49%) de la partida destinada para validar las pericias o pruebas inter laboratoriales (DCF), inter consultas (DML) y acreditación ISO.
5 millones (100%): se elimina el total del presupuesto destinado a extradiciones.
Se eliminó el dinero de las pólizas de riesgo de trabajo al igual que el monto destinado al pago del marchamo de las unidades policiales.
Rebajo a la subpartida destinada a la compra de combustible para las unidades policiales.
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