Multas de casi medio millón y cierre de negocios: el plan para castigar la contaminación sonora en Costa Rica. – SomosACRnet

Una iniciativa que ya tiene dictamen positivo en la Comisión de Ambiente propone sanciones económicas, suspensión de permisos sanitarios y la creación de “paisajes sonoros positivos” para combatir el ruido excesivo. El proyecto, del diputado Antonio Ortega, busca darle herramientas legales a quienes sufren escándalos constantes de vecinos o comercios.

Vivir cerca de una casa de fiestas interminables, un bar con música a todo volumen o un vecino que ignora los horarios de descanso podría tener una respuesta más contundente si se aprueba un nuevo proyecto de ley. La iniciativa, presentada por el diputado Antonio Ortega del Partido Frente Amplio y ya dictaminada positivamente, establece un régimen de sanciones que arranca con advertencias pero escala rápido: la reincidencia en ruido excesivo se castigaría con una multa de ¢462.200 colones, equivalente a un salario base de oficinista 1 del Poder Judicial.

El proyecto modifica la Ley General de Salud para introducir formalmente los conceptos de “contaminación sonora” y “contaminación por ruido y vibraciones”, reconociéndolos como una forma de contaminación atmosférica. Ya no se trataría solo de molestias vecinales: la ley permitiría medir con parámetros técnicos cuándo un sonido —por su intensidad, duración o frecuencia— supera las normas oficiales costarricenses o estándares internacionales y se convierte en un riesgo para la salud pública o el equilibrio ecológico.

El Ministerio de Salud seguirá siendo el ente rector en la regulación del ruido, pero la Fuerza Pública tendría un rol activo en labores de fiscalización, inspección y control, tanto en comunidades como en comercios y eventos. Esto significa que bares, restaurantes, discotecas y cualquier negocio que opere con música en vivo o sistemas de sonido de alto volumen quedarían bajo la lupa.

Para las empresas reincidentes, las consecuencias van más allá de la multa. El proyecto contempla suspensión del permiso de salud por seis meses en caso de una primera reincidencia, y suspensión por un año si vuelven a incumplir luego de haber pagado la sanción correspondiente. Es decir, hacer caso omiso a la advertencia puede costarle el cierre temporal a cualquier establecimiento.

¿Y el dinero de las multas? No irá a un fondo común. La propuesta ordena que esos recursos se destinen específicamente a programas de mitigación estratégica del ruido, campañas de concientización ciudadana y acciones para generar ambientes sonoros saludables en comunidades y espacios públicos. La lógica es clara: no se trata solo de castigar, sino de construir entornos donde el derecho al descanso no compita en desventaja con el derecho al entretenimiento.

Detrás de la iniciativa hay evidencia científica. Diversos estudios han vinculado la exposición constante al ruido con insomnio, estrés, ansiedad, disminución del rendimiento laboral o académico e incluso afecciones cardiovasculares. Por eso el concepto de “paisajes sonoros positivos” no es una frase decorativa: apunta a barrios residenciales tranquilos, parques, centros educativos y zonas comerciales donde el sonido ambiental no sea una agresión permanente.

Si el proyecto supera el trámite en el plenario legislativo y se convierte en ley, las comunidades que hoy sufren fiestas nocturnas sin control, vecinos ruidosos o actividades comerciales que no respetan límites tendrán por primera vez un marco legal que no dependa del azar de una advertencia sin consecuencias. La denuncia formal será viable, el reincidente pagará y el comercio infractor podría quedarse sin patente, aunque sea por un tiempo.

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