Acción busca frenar retrocesos en seguridad penitenciaria
El Ministerio de Justicia y Paz denunció al juez de Ejecución de la Pena de Limón, Wilbert Granados Monge, por suspender medidas regulatorias en los comisariatos de los centros penitenciarios. Según la institución, la decisión judicial representa un grave retroceso en la seguridad nacional y contradice esfuerzos para mantener el orden en las cárceles.
El Ministerio señaló que, al inicio de la actual administración, se detectaron irregularidades en el manejo de los comisariatos, los cuales estaban controlados por privados de libertad, lo que fomentaba actividades ilícitas y riesgos para la seguridad interna. Para enfrentar esta situación, se emitió una circular reguladora, la cual fue revertida por el juez Granados, argumentando que afectaba los derechos y la dignidad de los reclusos.
En respuesta, Justicia tomó acciones contundentes:
- Denuncia penal contra el juez Granados Monge por supuestas actuaciones irregulares.
- Proceso disciplinario contra la directora del centro penitenciario de Limón, Giovanna Clealand Colwille, por desacato a directrices superiores.
- Denuncia ante la Inspección Judicial, señalando que las resoluciones del juez favorecen actividades criminales dentro de los centros penales.
La institución destacó logros significativos en seguridad, incluyendo la realización de más de 12.500 operativos penitenciarios, decomisos de drogas, armas blancas y celulares, además de la remisión de funcionarios al Ministerio Público por presuntas irregularidades.
Finalmente, el Ministerio anunció que trabaja en un proyecto de reforma del sistema de Ejecución de la Pena para fortalecer la gestión penitenciaria y prevenir interferencias que comprometan la seguridad del país.
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