Fiscalía apela decisión judicial tras otorgarse medidas cautelares a padrastro señalado por agresión sexual
Un hombre de apellidos Padilla Granados fue detenido y posteriormente liberado bajo restricciones judiciales, tras ser señalado como presunto responsable de la violación calificada de su hijastra, una menor de 11 años que cursa un embarazo de seis meses. El Ministerio Público ha apelado la decisión por considerar que existe un riesgo inminente para la víctima.
La situación se conoció cuando la niña fue atendida en el Hospital de Guápiles, donde los exámenes médicos confirmaron su estado de gestación avanzado. Este hallazgo desencadenó la intervención inmediata de la Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí, que abrió el expediente 26-000068-1887-PE y activó todos los mecanismos de protección para la menor.
Según la investigación fiscal, los hechos habrían ocurrido con la presunta aquiescencia de la madre de la víctima, línea de indagación que se mantiene activa dentro del proceso. Las autoridades señalaron que el detenido, identificado como el padrastro de la niña, fue capturado el fin de semana tras una orden emitida por la Fiscalía Adjunta de Pococí.
Contra lo solicitado por los fiscales, el Juzgado Penal decidió no dictar prisión preventiva y en su lugar impuso una serie de medidas cautelares al imputado. Entre estas se incluyen la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de la víctima, su vivienda o su centro educativo, además de la obligación de mantener residencia y trabajo fijos, y abstenerse de cualquier contacto con la menor.
La representación estatal consideró que estas medidas son insuficientes dada la naturaleza del delito y la vulnerabilidad de la afectada, por lo que interpuso un recurso de apelación. Actualmente se aguarda la calendarización de una nueva audiencia por parte del Tribunal Penal, donde la Fiscalía insistirá en la necesidad de que el imputado enfrente el proceso privado de libertad.
Mientras avanza el trámite judicial en el Caribe costarricense, las instituciones mantienen vigentes los protocolos de protección destinados a resguardar la integridad física y emocional de la niña de 11 años, garantizando su seguridad durante todo el procedimiento legal.

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