La presidenta electa cuestiona los resultados de la institución en la lucha anticorrupción y afirma que la jerarca “ya cumplió su ciclo”
Tras su contundente victoria electoral, la presidenta electa Laura Fernández Delgado ha realizado su primera movida política de alto perfil. Este lunes, solicitó públicamente la renuncia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga. Fernández afirmó que la jerarca “ya cumplió su ciclo” y cuestionó abiertamente los resultados de la institución en la lucha contra la corrupción.
Las declaraciones las realizó durante una entrevista con Randall Rivera, director de noticias de Repretel, el primer medio que visitó después de ganar las elecciones generales en primera ronda. En ese encuentro, la mandataria electa, quien además obtuvo una mayoría de 31 escaños en la Asamblea Legislativa según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), fue consultada sobre la relación que tendría su futuro gobierno con el órgano fiscalizador.
“A mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera un lado del cargo”, expresó Fernández de manera directa. La próxima jerarca sostuvo que la Contraloría “le ha hecho demasiado daño al país”.
Insistió en que Acosta debería “tomar conciencia” de los resultados obtenidos y argumentó que, al hacerlo, “debería hacerle un favor a Costa Rica y darle espacio a perfiles más frescos que puedan fiscalizar la hacienda pública de manera objetiva y responsable”.
El cargo de contralor general se rige por un marco constitucional específico. La Constitución Política establece que las máximas autoridades de la Contraloría son nombradas por la Asamblea Legislativa dos años después de iniciado el período presidencial, por un plazo de ocho años. Existe la posibilidad de reelección si se alcanzan 38 votos en el plenario legislativo.
Marta Acosta Zúñiga fue reelecta en abril de 2020, en plena emergencia por la pandemia de COVID-19, y su nombramiento actual vence en 2028.
Finalmente, Laura Fernández aclaró que respaldaba la fiscalización rigurosa del uso de los recursos públicos. Sin embargo, cuestionó lo que calificó como bloqueos al desarrollo nacional. “Estoy 100% a favor del control del dinero público, pero sin creerse coadministrador de los temas nacionales”, afirmó, delineando su visión sobre los límites de la función fiscalizadora.
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