La iniciativa, que pasó su primer debate este miércoles, traslada a las entidades financieras la responsabilidad de indemnizar a las víctimas de estafas y les exige probar si hubo dolo del usuario
Las personas que pierden sus ahorros por estafas bancarias podrían recuperar su dinero sin necesidad de largos procesos judiciales. Esto sería posible si se convierte en ley el expediente 23.908, aprobado este miércoles en primer debate por la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.
La propuesta, presentada en 2023 por el diputado Óscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional, modifica dos leyes existentes para establecer un nuevo equilibrio en la relación entre clientes y bancos. La iniciativa responde a decenas de casos de personas que denunciaron haber perdido sus recursos sin recibir respuesta de las entidades financieras.
Responsabilidad directa de los bancos
El corazón del proyecto está en las modificaciones al artículo 35 de la Ley 7472, conocida como Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. El nuevo texto incorpora el concepto de responsabilidad objetiva y solidaria para todas las entidades financieras, sean públicas o privadas.
¿Qué significa esto en la práctica? Si alguien sustrae dinero de una cuenta sin autorización del titular, el banco estará obligado a indemnizar al afectado. Da igual si el fraude se cometió por ingeniería social, suplantación de identidad, enlaces fraudulentos o cualquier otro método digital.
Un cambio radical en quién debe probar qué
Quizás el aspecto más innovador del expediente es lo que establece para el artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227). Aquí se introduce una modificación que invierte por completo la carga de la prueba.
Hasta ahora, cuando una persona denunciaba un movimiento no autorizado, era ella quien debía demostrar que no participó en la transacción. Con la reforma, será la entidad financiera la que tendrá que probar que el cliente actuó con dolo o autorizó la operación.
Este giro procesal ha sido uno de los puntos más debatidos, pues coloca a los bancos en una posición legal distinta a la que han tenido tradicionalmente.
Respaldo legislativo y advertencias del sector
La votación en la comisión fue unánime, lo que evidencia un respaldo político importante en esta fase. Sin embargo, el proyecto aún debe superar el segundo debate en el plenario legislativo para convertirse definitivamente en ley.
En la vereda opuesta está la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) , que ha manifestado su rechazo a la iniciativa. Desde el gremio bancario advierten que una legislación de este tipo podría incentivar reclamos fraudulentos y aumentar los índices de estafa, tomando como ejemplo lo ocurrido en Chile con una norma similar.
Quienes respaldan la iniciativa responden que, lejos de fomentar fraudes, la medida presionará a los bancos para que fortalezcan sus sistemas de seguridad y mejoren sus protocolos de verificación de identidad.
El fenómeno creciente de las estafas digitales
La discusión legislativa ocurre en un contexto donde los delitos informáticos han aumentado significativamente en Costa Rica. Prácticas como el phishing, las llamadas de falsos funcionarios bancarios y los enlaces maliciosos enviados por aplicaciones de mensajería se han vuelto cada vez más comunes.
La rápida digitalización del sistema financiero costarricense ha traído indudables beneficios en términos de agilidad y comodidad. Pero también ha abierto nuevas oportunidades para el crimen organizado, que explota las vulnerabilidades tecnológicas y humanas para despojar a las personas de sus ahorros.
De aprobarse en segundo debate, esta reforma representaría uno de los cambios más profundos en la regulación financiera de los últimos años, redefiniendo el equilibrio entre la protección del consumidor y la responsabilidad de quienes administran su dinero.
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