El proyecto busca fortalecer la legislación penal en casos de amenazas a civiles y funcionarios públicos.
𝙋𝙤𝙧 𝘼𝙘𝙘𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨𝙙𝙚𝙘𝙤𝙨𝙩𝙖𝙧𝙞𝙘𝙖.𝙣𝙚𝙩. La Asamblea Legislativa aprobó en segundo y último debate el expediente 24.104, el cual aumenta la severidad de las penas para quienes amenacen con armas de fuego a ciudadanos o funcionarios públicos. La votación contó con el respaldo unánime de 44 diputados.
Con esta reforma al Código Penal, las penas por amenazas con arma de fuego contra civiles pasarán de un máximo de 60 días de prisión a un rango de 3 a 5 años. Además, en casos donde la víctima sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, la pena se elevará de un máximo de dos años a un periodo de entre 3 y 5 años.
El proyecto, impulsado por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ahora deberá ser firmado por el Poder Ejecutivo y publicado para convertirse en ley.
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