Cantón de Upala, frontera norte
- Habrían cobrado 30 mil colones por ingresarlos a suelo nacional
Oficiales de la Fuerza Pública destacados en el cantón de Upala, en la frontera norte, detuvieron a dos sujetos como presuntos responsables de tráfico ilícito de personas.
El incidente se presentó en horas de la madrugada de ayer sábado sobre el cruce de Fátima, en donde agentes a bordo de una patrulla observaron un microbús que hizo caso omiso a la señal de alto, por lo que fue perseguido al menos por seis kilómetros hasta lograr su detención en la entrada del barrio Moreno Cañas.
En el sitio, la Fuerza Pública ubicó dentro del carro, un total de diez nicaragüenses, nueve hombres y una mujer, que no contaban con ningún documento de ingreso al país, y manifestaron que un sujeto que viajaba en el mismo vehículo les cobró 30 mil colones a cada uno por llevarlos de Nicaragua al cantón de Naranjo, en la provincia de Alajuela.
Ante esto, la Policía procedió a la detención de un nicaragüense de apellido Urtecho, como presunto responsable de introducirlos de manera ilegal.
El aprehendido no contaba con ningún documento que demostrara su ingreso de manera legal al país, por lo cual se encontraba en condición migratoria irregular, al igual que el resto de sus compatriotas.
También, se detuvo a un costarricense de apellidado Palacios, quien manejaba el vehículo en el momento de la detención, es vecino de la Ciudadela La Carpio, en la Uruca, el cual expresó que fue contactado por Urtecho desde Nicaragua para el traslado de los inmigrantes.
Las autoridades de la Fuerza Pública indicaron que por orden del fiscal se decomisó el dinero que cancelaron los extranjeros por ingresar a suelo nacional, así como tres celulares y el vehículo en donde viajaban los indocumentados.
Todos los que ingresaron de forma irregular, fueron llevados a la Policía Profesional de Migración, donde serán rechazados en las próximas horas, mientras que los detenidos se trasladaron a celdas judiciales para su debido proceso judicial.
Cabe agregar que el tráfico de personas es un delito sancionado con penas de dos a seis años de cárcel, según lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Migración y Extranjería.
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