La Defensoría urge medidas inmediatas para evitar colapsos operativos y garantizar derechos fundamentales
Un informe de la Defensoría de los Habitantes reveló un aumento crítico en el déficit de personal penitenciario, situación que representa una amenaza directa para la seguridad en las cárceles y los derechos de las personas privadas de libertad.
Según la investigación, el faltante de agentes de la Policía Penitenciaria creció de 1.754 en 2023 a 2.722 en abril de 2025, lo que ha generado consecuencias graves en el funcionamiento de los centros penales, como agotamiento físico y emocional del personal, acumulación de vacaciones, recargo de funciones y limitaciones en atención médica y educativa para los reclusos.
El informe advierte que esta situación compromete la seguridad institucional, dificulta traslados médicos y judiciales, afecta el contacto familiar de los reclusos y eleva el riesgo de motines o fugas.
Por ello, la Defensoría recomendó al Ministerio de Justicia y Paz tomar medidas urgentes, como: fortalecer la contratación de agentes, remitir un informe actualizado en julio sobre las plazas faltantes, y desarrollar sistemas de información semestrales sobre jubilaciones, renuncias, fallecimientos o despidos.
Además, solicitó al Ministerio de Hacienda garantizar el presupuesto necesario para nombrar a los 2.722 agentes faltantes, con el fin de prevenir una crisis en el sistema penitenciario nacional.

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