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Investigación señala altos niveles de pérdidas y advierte rezagos en inversiones y tarifas

La Defensoría de los Habitantes advirtió que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantiene altos niveles de Agua No Contabilizada (ANC), una situación que, según la institución, afecta la sostenibilidad financiera de los servicios de agua potable y saneamiento en el país.

El informe forma parte de una investigación sobre la gestión del portafolio de inversiones del AyA y su relación con el cumplimiento progresivo del derecho humano al agua potable y al saneamiento.

El Agua No Contabilizada (ANC) corresponde al volumen de agua producida que no llega a convertirse en consumo facturado debido a fugas en las redes de distribución, pérdidas físicas, errores de medición, conexiones irregulares y otros factores operativos.

De acuerdo con la investigación, durante el período comprendido entre 2019 y 2023, la Gran Área Metropolitana (GAM) registró niveles persistentemente elevados de ANC, con porcentajes que oscilaron entre 53% y 58%. El indicador pasó de 53% en 2019 a 56% en 2023, mientras que el nivel más alto se presentó en 2022, cuando alcanzó el 58%.

Esto significa que, por cada 100 litros de agua producidos, entre 53 y 58 litros no fueron facturados durante esos años, pese a que su producción implicó costos asociados a la captación, tratamiento, bombeo, distribución y mantenimiento del sistema.

La Defensoría concluyó que esta situación representa un problema estructural que se ha mantenido durante varios años y que continúa impactando la eficiencia operativa, la sostenibilidad financiera del AyA y la prestación de los servicios de agua potable.

La investigación también analizó el tratamiento tarifario aplicado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), señalando que la metodología vigente no incorpora la totalidad de las pérdidas reportadas por el operador dentro del cálculo de las tarifas, sino únicamente una parte de ellas. Según el informe, este mecanismo busca incentivar la reducción gradual de las pérdidas mediante mejoras en infraestructura, medición y control de fugas.

Otro de los hallazgos señala un rezago en el reconocimiento de inversiones de infraestructura dentro de las tarifas de agua potable y saneamiento. La Defensoría indicó que desde 2019 no se reconocen inversiones de proyectos de infraestructura en la tarifa de agua potable y que, en el caso del servicio de saneamiento de aguas residuales, esta situación se mantiene desde 2018.

Además, la documentación revisada advierte que, para 2023, la ausencia de ajustes tarifarios graduales podría generar incrementos de hasta un 182%, como resultado de los costos e inversiones acumulados que no han sido incorporados a la estructura tarifaria.

Ante estos resultados, la Defensoría de los Habitantes emitió recomendaciones dirigidas a la Presidencia de la República, al AyA y al Ministerio de Hacienda, con el propósito de fortalecer la gestión de las inversiones, mejorar la sostenibilidad financiera del servicio y garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento.

Entre las principales recomendaciones figura la apertura de una investigación preliminar para determinar las causas de los atrasos en proyectos de inversión, las diferencias detectadas en los costos de las obras, las inconsistencias en la trazabilidad de los proyectos y el impacto que la falta de capitalización de inversiones ha tenido sobre las finanzas del AyA y las tarifas.

Asimismo, la Defensoría solicitó analizar las razones del retraso en la ejecución del Programa de Recuperación de Agua No Contabilizada, así como actualizar la evaluación de la capacidad de pago futura del AyA, considerando que el último estudio elaborado por el Ministerio de Hacienda data del 2019.

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