La iniciativa, que reforma la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas, permitirá a los usuarios transportar objetos para su desenvolvimiento diario sin pagar tarifas adicionales. La medida aún espera la firma del Ejecutivo para su vigencia.
En una votación ajustada, la Asamblea Legislativa dio luz verde en segundo debate al expediente 23.621, una nueva normativa que transformará la forma de viajar en el transporte público interprovincial. La ley, que recibió 10 votos a favor y 2 en contra (de los diputados Eliécer Feinzaig y Alejandro Pacheco), busca fomentar el transporte intermodal de pasajeros al eliminar las barreras económicas y físicas para llevar objetos personales.
La reforma a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores establece, entre sus puntos clave, la prohibición de cobrar un precio distinto al establecido en el pasaje regular. Esto significa que los usuarios podrán transportar, sin costo adicional, los artículos que lleven consigo para su uso o desenvolvimiento diario, incluso si estos exceden las dimensiones habituales de un bolso de mano.
Entre los elementos que ahora podrán viajar sin generar un cargo extra se encuentran las bicicletas plegables, equipos tecnológicos, instrumentos musicales y equipaje adicional, facilitando así la combinación de distintos medios de transporte y la movilidad cotidiana de los ciudadanos.
El reto del espacio en las unidades
Aunque la iniciativa representa un alivio económico para los pasajeros, su implementación práctica presenta desafíos. David Gómez, especialista en movilidad sostenible, señaló que si bien a las empresas concesionarias no les afectará económicamente dejar de percibir esos cobros, el verdadero obstáculo será la capacidad y el espacio disponible dentro de las unidades.
Gómez puso como ejemplo crítico las rutas que pasan por el Aeropuerto Juan Santamaría, las cuales deberían contar con espacio suficiente para maletas y facilitar el traslado de pasajeros entre la terminal aérea y San José. “Actualmente, muchas unidades no lo tienen. Ahí se requiere una renovación de flota y una mejora del servicio“, advirtió el especialista.
Control y facturación para evitar abusos
La nueva legislación no solo se enfoca en el bolsillo del usuario, sino también en la transparencia del servicio. Para erradicar las prácticas discrecionales y los cobros indebidos que quedaban a criterio del conductor, la ley introduce mecanismos de control más estrictos.
Las empresas deberán implementar un sistema donde los conductores reporten todos los pasajes recolectados, y la contabilidad deberá estar disponible para la fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) . “Finalmente, la normativa aclara una práctica que antes muchas veces quedaba sin facturación. Ahora se entiende que el pasaje incluye lo que la persona transporta dentro de límites razonables”, puntualizó Gómez.
El proyecto ahora deberá ser firmado por el Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigencia, momento a partir del cual las empresas de autobuses interprovinciales estarán obligadas a acatar la nueva normativa.
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