Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en ambos países para frenar este esquema de fraude informático.
La mañana del martes 27 de mayo, a las 6:00 a.m. en Costa Rica y 7:00 a.m. en Colombia, agentes judiciales costarricenses y colombianos ejecutaron el operativo Nexus, con el objetivo de desarticular una presunta organización criminal dedicada a cometer estafas informáticas mediante el uso de páginas web falsas.
Este operativo binacional fue llevado a cabo por la Sección Especializada contra el Cibercrimen y la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), bajo la dirección funcional del Ministerio Público costarricense, y con participación de la Policía Cibernética y Fiscalía de Colombia. Además, contó con el respaldo de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL).
En total se realizaron nueve allanamientos: seis en territorio costarricense (Paso Ancho, Alajuelita, Puriscal, Santa Cruz, Guápiles y Golfito) y tres en Medellín, Colombia. En Costa Rica, se intenta la detención de un hombre de 34 años y una mujer de 46, ambos sospechosos de extraer dinero en cajeros automáticos utilizando datos robados. En los otros puntos allanados se busca recabar información relevante desde los dispositivos utilizados para las operaciones fraudulentas.
Por su parte, en Colombia, los tres allanamientos se enfocaron en sitios donde presuntamente fueron creadas y alojadas páginas falsas que simulaban pertenecer a un banco costarricense. Estas páginas eran posicionadas en internet para engañar a los usuarios y obtener credenciales bancarias. Aunque en Colombia no se reportaron detenciones, las autoridades incautaron información clave para el avance de la investigación.
Según el OIJ, el grupo criminal estaría vinculado con al menos 24 causas abiertas, involucrando a 30 personas como sospechosas. Se espera que dos de ellas sean detenidas en el marco de este operativo, mientras que las otras 28 serán citadas para ser indagadas por el Ministerio Público. El monto total defraudado asciende a 35 millones de colones, aunque no se descarta que existan más víctimas afectadas.
El caso continúa en investigación por parte de las autoridades judiciales de ambos países.
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