Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Puntarenas, llevaron a cabo este miércoles siete allanamientos en Puntarenas y San José, como parte de una investigación por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y concusión, relacionados con supuestas irregularidades en la emisión de incapacidades médicas.
Según las investigaciones preliminares, los involucrados incluyen un médico psiquiatra, un médico emergenciólogo y un asistente administrativo del Hospital Monseñor Sanabria. Estos habrían operado mediante tres modalidades, incluyendo la emisión de incapacidades por referencias médicas sin registro adecuado, presuntas omisiones en listas de espera y cobros irregulares por incapacidades de larga duración.
Se estima que las incapacidades emitidas podrían haber generado cobros de hasta 150,000 colones por un mes y descuentos para períodos superiores a tres meses, ascendiendo a 400,000 colones.
Entre las personas beneficiadas por estas irregularidades figuran al menos 18 funcionarios de distintas instituciones públicas, como el Ministerio de Educación, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública y el Patronato Nacional de la Infancia.
Los allanamientos se realizaron en residencias en Barranca y El Roble de Puntarenas, el consultorio privado del médico psiquiatra y diversas áreas del Hospital Monseñor Sanabria. Además, se inspeccionó el Departamento de Tecnología de la Información de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Los sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público para determinar las medidas judiciales correspondientes. Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer los hechos.

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