Productores de frijol operan con pérdidas y enfrentan un panorama cada vez más difícil. – ACR.net

Una investigación revela bajos ingresos, falta de relevo generacional y una creciente dependencia de las importaciones para abastecer el consumo nacional.

La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre la compleja situación que atraviesan las personas dedicadas a la producción de frijol en Costa Rica, al considerar que el deterioro sostenido de este subsector pone en riesgo aspectos fundamentales como el derecho a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo económico de numerosas comunidades rurales.

La preocupación surge tras una investigación desarrollada en las regiones Chorotega y Brunca, cuyos resultados muestran que la producción nacional depende principalmente de pequeños agricultores que enfrentan importantes limitaciones económicas y sociales.

Entre los principales hallazgos destaca que más del 70% de los productores consultados reportó ingresos mensuales inferiores a ₡250.000, mientras que un 40,9% indicó percibir menos de ₡100.000 por mes, cifras que, según el estudio, dificultan garantizar condiciones adecuadas de vida para sus familias.

El informe también concluye que la actividad se desarrolla bajo condiciones de baja rentabilidad. En la Región Chorotega, el costo promedio para producir un quintal de frijol alcanza los ₡42.571, mientras que el precio recibido por los productores ronda los ₡34.000. En la Región Brunca, el costo de producción asciende a ₡46.510 por quintal, pero el precio promedio de venta apenas llega a ₡40.000.

Esta diferencia entre costos e ingresos provoca que muchos agricultores trabajen con pérdidas, reduciendo su capacidad para reinvertir en sus cultivos y mantener la actividad a largo plazo.

Otro aspecto señalado por la investigación es el envejecimiento de la población dedicada a este cultivo. La edad promedio de los productores supera los 50 años, y se identificaron personas activas en la actividad con hasta 93 años de edad, lo que evidencia la falta de relevo generacional y el riesgo de que disminuya la producción nacional en los próximos años.

La Defensoría también alertó sobre la dependencia creciente de las importaciones para abastecer el mercado costarricense. Actualmente, cerca del 97% del frijol importado proviene de únicamente tres países: Estados Unidos (64%), Nicaragua (30%) y Brasil (3%).

Según el análisis, esta concentración podría aumentar la vulnerabilidad del país frente a cambios en los mercados internacionales, fenómenos climáticos o restricciones comerciales que afecten el suministro de uno de los alimentos más consumidos por la población.

A ello se suman dificultades relacionadas con el acceso a créditos, asistencia técnica y otros programas de apoyo. El estudio encontró que numerosas personas productoras desconocen las opciones de financiamiento disponibles o no cumplen con los requisitos exigidos para acceder a ellas.

La Defensoría sostiene que la producción nacional de frijol debe analizarse no solo desde una perspectiva económica, sino también como un componente esencial para fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, generar empleo y promover un desarrollo más equilibrado en las distintas regiones del país.

Ante este escenario, la institución hizo un llamado a las entidades públicas para impulsar medidas que fortalezcan al sector mediante financiamiento adaptado a pequeños productores, asistencia técnica permanente, incentivos para la innovación y mecanismos que permitan mejorar la comercialización y la rentabilidad de las familias agricultoras.

La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, afirmó que garantizar la sostenibilidad de la producción nacional de frijol constituye una tarea estratégica para el país y resulta fundamental para proteger los derechos de miles de familias rurales, así como la seguridad alimentaria de la población costarricense.

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