Las autoridades aseguran que la medida fortalecerá las investigaciones y agilizará la localización de sospechosos vinculados con procesos de extradición.
Las autoridades judiciales contarán con mayores facultades para ubicar y capturar personas solicitadas por la justicia internacional gracias a una nueva legislación que ya entró en vigor en Costa Rica.
La información fue confirmada por el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien explicó que la normativa permitirá realizar allanamientos en investigaciones relacionadas con personas requeridas para extradición.
Según detalló el jerarca, esta reforma representa un fortalecimiento importante de las capacidades operativas de las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado transnacional, al facilitar actuaciones más rápidas y eficientes en la búsqueda de sospechosos reclamados por otros países.
Soto indicó que anteriormente las posibilidades de intervenir inmuebles en este tipo de procesos eran más limitadas, situación que en algunos casos podía retrasar o dificultar la ubicación de las personas buscadas por autoridades extranjeras.
Con la nueva legislación, el OIJ podrá actuar con mayor agilidad en coordinación con las instancias judiciales competentes, aumentando las probabilidades de localizar y detener a quienes intenten evadir la acción de la justicia.
De acuerdo con las autoridades, esta medida forma parte de los esfuerzos para fortalecer la cooperación internacional en la persecución de delitos como el narcotráfico, la legitimación de capitales y otras manifestaciones del crimen organizado.
Las autoridades también enfatizaron que la aplicación de estos procedimientos continuará sujeta a los controles judiciales correspondientes, así como al respeto de las garantías procesales y los derechos fundamentales establecidos por la legislación nacional.
Finalmente, el director del OIJ destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de investigaciones, señalando que la información suministrada por la población sigue siendo un recurso clave para localizar personas requeridas por la justicia.
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