El proyecto ya fue aprobado en primer debate e introduce sanciones por “violencia vial”
Una propuesta de ley que establece multas de hasta ¢280 mil por peleas en carretera avanza en el país, tras ser aprobada en primer debate dentro de la reforma a la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial.
La iniciativa incorpora formalmente el concepto de “violencia vial”, definido como conductas agresivas o actos violentos cometidos por conductores, pasajeros o peatones, generalmente originados por disputas relacionadas con el tránsito, como la congestión vehicular.
Según el planteamiento, estas acciones pueden derivar en lesiones a personas, daños materiales o la obstrucción del tránsito, por lo que se propone incluir una nueva infracción en la Categoría A, la más alta dentro del esquema de multas.
El diputado Fabricio Alvarado, impulsor del proyecto, señaló que este tipo de enfrentamientos se ha vuelto recurrente, especialmente en registros difundidos en redes sociales, y considera que las sanciones deben ajustarse a los daños que provocan.
La propuesta también plantea otorgar mayores facultades a los oficiales de tránsito, quienes podrían detener a personas involucradas en actos violentos que obstruyan la vía y se nieguen a movilizarse, además de respaldar estos casos con evidencia captada por cámaras.
Por su parte, Steven Ramírez indicó que la tipificación permitiría contar con pruebas más contundentes en casos de agresiones en carretera.
Sin embargo, el proyecto ha generado cuestionamientos. El abogado William Anderson considera que la medida no aborda el problema de fondo, señalando que el estrés al volante sigue siendo un factor determinante. En la misma línea, el psicólogo Rigo Salazar apuntó que, aunque las sanciones podrían funcionar como disuasivo en algunos casos, no eliminarían completamente la conducta violenta, ya que muchas reacciones ocurren de forma impulsiva.
Entre las conductas que podrían catalogarse como violencia vial se incluyen la conducción agresiva, actos violentos derivados de conflictos de tránsito, obstrucción de la vía y desobediencia a la autoridad.
En caso de ser aprobado en segundo debate y firmado por el Ejecutivo, el proyecto tendrá un plazo de seis meses para su reglamentación, donde se definirán con precisión las conductas sancionables. La ley entraría en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
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