Ante las órdenes sanitarias por criaderos de mosquitos y ratas, las autoridades buscan cambiar la ley para agilizar la donación de unidades a instituciones que puedan darles un uso productivo o reciclarlas.
Quien haya pasado recientemente cerca de algún plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) se ha topado con un paisaje desolador: montañas de metal oxidado que alguna vez fueron el orgullo de un conductor. La situación ha llegado a un punto de no retorno. Tanto el Cosevi como la Policía de Tránsito han levantado la bandera blanca ante el colapso total de sus instalaciones, y buscan con urgencia agilizar los trámites para donar estos bienes antes de que se conviertan en puro polvo y, peor aún, en un problema de salud pública.
Las cifras oficiales confirman la magnitud del problema. El Cosevi custodia más de 20.000 automotores, mientras que la Policía de Tránsito maneja una cifra similar. En total, se estima que hay cerca de 40.000 unidades (entre carros, motos y camiones) ocupando espacio en predios estatales. Muchos de estos terrenos ya tienen órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud por convertirse en focos de contaminación, incluyendo criaderos de dengue y ratas.
¿La razón de esta acumulación? Las autoridades identifican tres causas principales detrás de los decomisos, todas relacionadas con lo que denominan los “pecados capitales” del conductor costarricense: el mal estacionamiento, conducir en estado de ebriedad y la velocidad temeraria. A esto se suma un factor económico determinante: muchos propietarios prefieren perder el vehículo que recuperarlo. En no pocos casos, el costo acumulado entre la multa, el servicio de grúa y los días de custodia supera el valor de mercado del bien, especialmente si se trata de una moto vieja o un automóvil en mal estado. Esto convierte al Estado en el dueño involuntario de miles de chatarras.
Frente a este panorama, la donación aparece como la luz al final del túnel. Aunque la ley ya permite transferir estos vehículos a instituciones de bien social, municipalidades o ministerios, el proceso ha resultado ser un trámite lento y tedioso debido a la burocracia existente. Sin embargo, en 2025 se logró un avance significativo al gestionar la salida de 6.191 vehículos, de los cuales la gran mayoría, 5.747, eran motocicletas.
La nueva propuesta de las autoridades no se limita a donar carros funcionales para que sean convertidos en patrullas o vehículos oficiales. También se analiza la posibilidad de concesionar servicios de chatarrera a empresas privadas. El objetivo sería que una compañía se encargue de compactar y reciclar las unidades que ya no sirven, lo que permitiría limpiar los patios y, de paso, generar algún ingreso o ahorro para el Estado.
Es importante aclarar que estas donaciones no están dirigidas a particulares. Los beneficiarios exclusivos son instituciones públicas como el INA (para prácticas de mecánica), colegios vocacionales, cuerpos policiales o municipalidades, entidades que pueden darles una segunda vida útil a estos activos. Con este plan sobre la mesa, el Cosevi promete meter el acelerador a los cambios normativos necesarios. El objetivo final es simple: vaciar los planteles, eliminar los criaderos de dengue y transformar lo que hoy es un monumento a la irresponsabilidad vial en recursos aprovechables para la sociedad.
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