Proyecto busca vetar redes sociales a menores de 14 años en Costa Rica: verificación de identidad y límites digitales en discusión. – SomosACRnet

La iniciativa legislativa 25.336 plantea nuevas obligaciones para plataformas tecnológicas, padres de familia y el Estado.

Costa Rica podría abrir un debate nacional sobre el acceso de la niñez a las redes sociales tras la presentación de un proyecto de ley que prohibiría a personas menores de 14 años crear o utilizar cuentas en plataformas digitales con funciones de interacción social. La propuesta fue impulsada por la diputada María Marta Carballo Arce, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y se tramita bajo el expediente legislativo 25.336.

El texto propone la creación de la “Ley para regular el uso y acceso de plataformas digitales por personas menores de edad”, lo que colocaría al país entre los que contemplan regulaciones más estrictas en la región sobre el acceso infantil a redes sociales.

Entre los principales ejes del proyecto se establecen nuevas obligaciones para las plataformas tecnológicas, como la verificación de la identidad real de los usuarios, la implementación de controles de seguridad reforzados, la oferta de versiones infantiles certificadas sin funciones consideradas adictivas activas por defecto y la eliminación de publicidad personalizada dirigida a menores de edad.

De aprobarse la iniciativa, menores de 14 años no podrían crear perfiles en redes sociales tradicionales como Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat u otras similares, salvo que existan versiones diseñadas exclusivamente para público infantil.

El proyecto expone que el uso temprano de redes sociales puede incidir en el desarrollo emocional y cognitivo de la niñez. Entre los riesgos señalados se incluyen el acceso a contenido no apto, la exposición de datos personales, problemas de salud mental vinculados a comparaciones sociales, adicción a pantallas y estímulos digitales, así como vulnerabilidad ante acoso, grooming o estafas.

La propuesta también delimita responsabilidades específicas. Para padres y encargados legales, se plantea la supervisión del acceso digital, la aplicación de controles parentales y la responsabilidad ante eventuales incumplimientos. En el caso de las empresas tecnológicas, se exigiría el desarrollo de sistemas fiables de verificación de edad, la limitación de funciones que generen dependencia y la eliminación de cualquier forma de publicidad dirigida a menores. Para el Gobierno y los centros educativos, se contemplan programas de alfabetización digital, promoción de ciudadanía digital responsable y campañas de prevención y verificación de identidad.

Aunque el proyecto apenas fue presentado, ya ha generado reacciones diversas. Sectores educativos han valorado la intención de protección, mientras que expertos en tecnología han advertido posibles impactos en la privacidad asociados a la verificación de edad. Organizaciones de padres y especialistas en psicología infantil han manifestado posiciones encontradas sobre el alcance y la viabilidad de la iniciativa.

El expediente deberá avanzar a comisión legislativa, donde se analizarán sus alcances, la factibilidad técnica y los efectos sociales de la regulación propuesta.

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