Advertencia formal apunta a riesgos en la independencia técnica del análisis solicitado al Banco Central
La Defensoría de los Habitantes emitió una advertencia al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), tras identificar un posible conflicto de interés que podría comprometer la objetividad del estudio actuarial encargado al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para la implementación de los Fondos Generacionales.
La alerta surge luego de que el CONASSIF acordara encomendar el estudio al Banco Central, pese a que su presidente ha expresado cuestionamientos previos sobre la metodología aprobada y los eventuales efectos de la reforma. La Defensoría documentó que el jerarca del BCCR, quien además integra el CONASSIF, había emitido criterios que anticiparían una valoración negativa del proyecto.
Este escenario supone un riesgo para la independencia técnica del análisis, ya que el presidente del Banco Central funge como superior jerárquico de la unidad encargada de ejecutar el estudio, situación que podría generar presiones —directas o indirectas— con capacidad de afectar la neutralidad del trabajo actuarial.
La Defensoría sostiene que este adelanto de criterio constituye un conflicto de interés manifiesto y compromete la autonomía necesaria para el análisis técnico por parte del equipo del BCCR.
Con el fin de proteger la probidad del proceso, la institución solicitó la adopción inmediata de dos medidas cautelares. La primera consiste en la abstención formal del presidente del Banco Central, Róger Madrigal López, a quien se insta a inhibirse de cualquier supervisión, revisión o aprobación del estudio, así como de las deliberaciones y votaciones relativas a esta materia. La segunda medida apunta a un blindaje técnico y de confidencialidad para el equipo investigador, mediante un protocolo que impida compartir borradores, avances o resultados preliminares con las autoridades superiores del Banco, garantizando que el informe final sea remitido exclusivamente a SUPEN y al CONASSIF.
La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, recalcó que las decisiones sobre los fondos generacionales deben sustentarse en análisis rigurosos, libres de presiones y de posibles injerencias jerárquicas. Además, subrayó que la independencia técnica constituye un principio esencial para la supervisión financiera y para mantener la confianza pública en las instituciones.
La Defensoría solicitó a las autoridades competentes informar, dentro del plazo que establece la ley, las acciones y acuerdos formales que se adopten para aplicar estas medidas, en busca de asegurar transparencia, solvencia técnica y legitimidad en un proceso que incide directamente en la seguridad financiera de miles de personas trabajadoras.
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