El informe señala que cinco instituciones aún no han finalizado la revisión de su normativa interna para atender estos casos.
La Defensoría de los Habitantes presentó los resultados de una investigación de oficio sobre el manejo de denuncias por acoso laboral en 17 ministerios. El reporte indica que, en el periodo 2021-2023, 11 de esas instituciones tramitaron 508 denuncias relacionadas con hostigamiento en el trabajo.
Entre las observaciones del informe se detalla que cinco ministerios aún tienen pendiente concluir la revisión de su normativa interna:
- MICITT (Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones)
- MIDEPLAN (Planificación Nacional y Política Económica)
- MIVAH (Vivienda y Asentamientos Humanos)
- MOPT (Obras Públicas y Transportes)
- Gobernación y Policía
La Defensoría recomendó a estas entidades finalizar y oficializar sus reglamentos para tramitar denuncias de acoso laboral, así como establecer un cronograma de acciones que permita poner en vigencia esas herramientas. Todas las instituciones señaladas presentaron planes de trabajo, los cuales serán objeto de seguimiento.
El informe también detalla que:
- Nueve ministerios ofrecen atención psicológica a las partes afectadas.
- Los plazos para la investigación preliminar generalmente no superan los dos meses, aunque pueden variar según la complejidad del caso.
- En algunos ministerios, como MOPT, Industria y Comercio, y Educación Pública, únicamente la persona denunciada puede presentar recursos, mientras que en otros se permite que ambas partes lo hagan.
- No todos los ministerios incluyen el tema de acoso laboral en sus procesos de inducción de personal.
La Defensoría emitió recomendaciones específicas, entre ellas: implementar reglamentos internos, informar proactivamente al personal sobre cómo denunciar, garantizar apoyo psicológico a las víctimas y reforzar ambientes laborales seguros.
Finalmente, el informe recordó la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley N.° 20.873, “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado”, con el fin de dotar al país de una normativa clara y uniforme en esta materia.
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