El crimen ocurrió en el Estado de México. Tres personas fueron detenidas y enfrentan cargos por desaparición y homicidio.
Un hecho atroz conmociona al Estado de México: un niño de cinco años fue secuestrado y hallado sin vida tras ser raptado por un grupo de personas que exigían el pago de una deuda de apenas 50 dólares. La Fiscalía estatal confirmó la detención de tres sospechosos, dos mujeres y un hombre, todos familiares entre sí, presuntamente involucrados en la desaparición y asesinato del menor.
El crimen se remonta al 28 de julio, cuando dos mujeres se presentaron en la vivienda de la madre del niño para cobrar un préstamo. Al no obtener el dinero, decidieron llevarse al menor como forma de presión, amenazando con no devolverlo hasta recibir el pago.
La madre, en condición de pobreza, intentó recuperar al niño por sus propios medios, visitando en repetidas ocasiones el lugar donde sabían que lo retenían. Sin embargo, siempre le fue negado el acceso. Al ver que no lograba respuestas, finalmente denunció el hecho ante las autoridades.
Ese mismo lunes, agentes judiciales se dirigieron al domicilio señalado y realizaron una inspección. Fue ahí donde hallaron el cuerpo del niño sin vida, con indicios de que intentaron ocultarlo, lo que agrava aún más la situación jurídica de los involucrados.
La comunidad respondió con manifestaciones frente a la fiscalía local. Entre carteles y gritos de “¡Los niños no se tocan!”, vecinos y familiares exigieron justicia y mayor protección para la niñez frente al clima de violencia que vive el país.
Según cifras oficiales, México cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 25,6 por cada 100.000 habitantes, lo que marca un repunte frente a años anteriores. El caso también pone de relieve la crisis social que enfrentan familias atrapadas entre la pobreza, la informalidad financiera y la violencia criminal.
Los tres detenidos ya fueron enviados a prisión preventiva, y la Fiscalía los vinculó formalmente con los delitos de desaparición y homicidio. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de varias décadas de cárcel.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la creciente vulnerabilidad de la infancia en México, y han urgido a las autoridades a regular los préstamos informales y desmantelar estructuras violentas de cobro que continúan operando al margen de la ley.
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