Subsidios para licencias de cuido podrían suspenderse.

Defensoría alerta por falta de recursos para noviembre y diciembre

Los pagos de los subsidios destinados a personas trabajadoras que cuidan a pacientes en fase terminal o a menores de edad con enfermedades graves podrían interrumpirse a partir de noviembre, debido a la insuficiencia de recursos económicos para mantener el programa.

Ante este escenario, la Defensoría de los Habitantes solicitó explicaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) sobre las medidas previstas para garantizar la continuidad de los beneficios establecidos en la Ley N.° 7756.

La preocupación se sustenta en las cifras comunicadas por la propia CCSS. Al 8 de octubre de 2026, el programa disponía de ₡375.955.971,84, mientras que su gasto mensual promedio ascendía a ₡401.391.499,54. Es decir, los recursos disponibles eran inferiores al desembolso promedio de un solo mes, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de cubrir los pagos de noviembre y diciembre.

La institución defensora señaló que la necesidad de reforzar el presupuesto ya había sido advertida desde enero de este año. Además, en julio, la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, mediante el oficio PE-3408-2026, identificó posibles faltantes presupuestarios de entre ₡155 millones y ₡991 millones, dependiendo de la demanda de los subsidios.

Trámite presupuestario sigue pendiente

Pese a las advertencias, las instituciones todavía no han completado las gestiones necesarias para determinar cómo se cubrirá el faltante.

DESAF indicó que requiere información financiera y administrativa de la CCSS para valorar un eventual refuerzo presupuestario. Entre los documentos pendientes figuran la liquidación financiera de 2025, los informes correspondientes a 2026, los datos de cobertura y varias aclaraciones contables.

Por su parte, la CCSS reconoció el pasado 12 de octubre que aún no cuenta con una fecha definida para entregar toda la información solicitada. Según explicó, existen dificultades relacionadas con los cierres contables y el sistema ERP-SAP.

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, advirtió sobre la necesidad de resolver las diferencias y pendientes administrativos antes de que se comprometa la continuidad de los pagos.

La funcionaria sostuvo que la coordinación entre las instituciones es indispensable para ofrecer respuestas oportunas y evitar que las dificultades administrativas afecten a las familias que dependen de estas licencias.

Familias podrían enfrentar dificultades económicas

Los subsidios contemplados en la Ley N.° 7756 permiten que las personas trabajadoras que deben dedicarse al cuido de un familiar en las condiciones previstas por la normativa mantengan un ingreso durante el periodo de licencia reconocido legalmente.

Una suspensión o un atraso en los desembolsos podría afectar la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas y las condiciones económicas necesarias para atender a sus familiares.

La Defensoría recordó que durante 2025 ya se produjo una suspensión temporal del beneficio por falta de recursos, por lo que busca evitar que la situación se repita.

La eventual interrupción también podría comprometer derechos relacionados con la dignidad humana, la protección social, la salud, la vida familiar y el interés superior de las personas menores de edad.

Defensoría exige un plan para garantizar los pagos

Como parte de sus gestiones, la institución solicitó a la CCSS y a DESAF un informe conjunto que detalle las acciones inmediatas para asegurar los desembolsos de noviembre y diciembre, así como el monto actualizado del faltante y las fuentes de financiamiento disponibles.

También pidió aclarar si se activó el mecanismo contemplado en el artículo 10 de la Ley N.° 7756, reformado mediante la Ley N.° 10.846, de marzo de 2026. Esta disposición permite incorporar recursos adicionales al Presupuesto de la República mediante una transferencia a la CCSS.

La solicitud incluye información sobre los mecanismos para corregir las deficiencias en el intercambio de datos y la rendición de cuentas entre ambas instituciones, así como el estado de los subsidios aprobados que todavía estén pendientes de pago.

Además, la Defensoría requiere conocer qué protocolo se aplicaría si los fondos se agotan antes de que se concrete el refuerzo presupuestario y cómo se coordinarían las acciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.

La institución insistió en que las dificultades contables, administrativas o de coordinación no deben dejar desprotegidas a las familias beneficiarias. Por ello, instó a las autoridades a establecer una solución concreta y verificable antes de que la falta de recursos provoque una nueva interrupción de los subsidios.