Recuperan vehículo robado en Panamá el cual circulaba sin placas en territorio tico.

Kilómetro 35 de Golfito.

Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas fue vital para descubrir robo.

Sujetos solo presentaron un supuesto permiso especial de circulación AGV.

Una vez más, la excelente relación de cooperación entre autoridades costarricenses y panameñas permite darle un nuevo golpe a la delincuencia internacional.

Así fue puesto de manifiesto este sábado, cuando oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto de Kilómetro 35, cantón de Golfito, interceptaron un vehículo sospechoso.

Los oficiales fronterizos procedieron a revisar un auto marca Kia sin placas, conducido por un costarricense de apellido Rivera, acompañado por otros dos nacionales apellidados Hernández y Sandí.

El conductor le mostró a los oficiales fronterizos un documento AGV, el cual es una copia de un supuesto original y una carta de una venta de vehículos a nombre de una supuesta agencia comercializadora de automóviles.

Gracias a la pericia de los miembros de la Policía de Fronteras, quienes poseen una amplia experiencia y sólida formación en la detección de documentos falsos y delitos transfronterizos, de inmediato se dieron cuenta de que algo irregular estaba ocurriendo.

Es por ello que de inmediato se comunicaron con sus colegas del Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas, cantón de Corredores, donde operan representantes de diversos cuerpos policiales costarricenses y panameños.

De inmediato las autoridades panameñas informaron de que el vehículo tenía vigente una orden de captura pendiente por haber sido robado.

Tras solicitar la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, el fiscal de turno ordenó el decomiso del vehículo y ponerlo a disposición del Organismo de Investigación Judicial.

De igual manera la condición jurídica de los tres ocupantes fue investigada, pero no presentaban cuentas pendientes con la Justicia, por lo que fueron identificados para efectos de las pesquisas que correspondan por parte de las autoridades judiciales costarricenses y panameñas.