La medida busca recuperar unidades decomisadas y mejorar la capacidad operativa policial.
La falta de vehículos para atender patrullajes y operativos de seguridad llevó al Gobierno a ordenar una revisión de la flotilla que permanece bajo administración del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
La presidenta Laura Fernández instruyó analizar los automóviles, camiones, microbuses y demás unidades que actualmente están asignados a instituciones públicas, municipalidades y asociaciones, con el fin de determinar cuáles podrían ser reasignados a la Fuerza Pública.
La decisión se conoce luego de que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, advirtiera que más de 3.000 vehículos policiales no pueden ser reparados, situación que reduce la capacidad de movilización de los cuerpos encargados de atender emergencias, patrullajes y operaciones contra estructuras criminales.
Informe deberá estar listo en una semana
La tarea quedó en manos del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien deberá entregar un informe en un plazo de una semana.
El documento tendrá que establecer qué vehículos están asignados, en qué lugares se encuentran, qué institución los utiliza y cuáles podrían recuperarse para destinarlos nuevamente a labores de seguridad.
La revisión pretende realizarse de manera individual, de modo que se pueda determinar cuáles unidades siguen siendo necesarias para las entidades que las tienen bajo su administración y cuáles cuentan con condiciones para ser trasladadas a la Fuerza Pública.
Bienes decomisados serían utilizados contra el crimen
La administración de Fernández sostiene que los bienes decomisados a organizaciones delictivas deben convertirse, cuando sea posible, en recursos para fortalecer la lucha contra esas mismas estructuras.
Por ello, antes de recurrir exclusivamente a la compra de nuevos vehículos, el Ejecutivo busca identificar recursos que ya se encuentran en manos del Estado y que podrían volver a utilizarse directamente en tareas policiales.
La revisión también podría generar cambios para algunas instituciones, municipalidades y asociaciones que actualmente cuentan con vehículos administrados por el ICD.
La instrucción presidencial establece que, salvo casos justificados por fuerza mayor, se procure recuperar aquellas unidades cuya utilización pueda ser más necesaria para reforzar la seguridad pública.
El Gobierno espera recibir el inventario solicitado en los próximos días y, con base en sus resultados, definir qué vehículos pueden ser reasignados a la Fuerza Pública.
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