21 directores serán notificados sobre la nueva disposición
Una nueva disposición busca impedir que los oficiales de la Fuerza Pública permanezcan arraigados en determinadas comunidades durante largos periodos. La medida fue ordenada este miércoles por la presidenta Laura Fernández, quien pretende reducir el riesgo de vínculos indebidos entre policías e intereses locales.
La instrucción fue girada a los ministros de Seguridad, Gerald Campos, y de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quienes deberán encargarse de poner en marcha el proceso de rotación de los funcionarios.
El Gobierno pretende que los agentes sean trasladados de las zonas donde actualmente están destacados, bajo el argumento de que una permanencia prolongada podría favorecer situaciones de corrupción o posibles vínculos con grupos e intereses particulares.
Fernández fue enfática al explicar el motivo de la decisión y aseguró que no pretende que los policías desarrollen lealtades hacia determinados sectores de las comunidades.
“No quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de Costa Rica”, dijo la mandataria.
La presidenta también señaló como una de sus preocupaciones la posibilidad de que existan redes de corrupción capaces de intentar influir o comprar policías en diferentes localidades del territorio nacional.
“No quiero redes de corrupción tentando a los policías”, manifestó Laura Fernández.
La aplicación de la medida tendrá un primer punto de evaluación dentro de 15 días a partir de este miércoles, cuando los jerarcas deberán presentar una rendición sobre los cambios implementados.
El ministro Gabriel Aguilar confirmó además que durante la tarde de este miércoles serán informados los 21 directores sobre la disposición presidencial.
Con esta medida, el Gobierno pretende reforzar los controles internos y evitar que la permanencia prolongada de funcionarios policiales en una misma comunidad facilite la creación de relaciones que puedan comprometer su actuación.

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