La Policía Penitenciaria evitó que un privado de libertad recibiera 35 gramos de aparente marihuana durante una atención médica en el Hospital Tony Facio.
Un asistente de enfermería entregó un jugo y una bolsa de frituras a un paciente bajo custodia penitenciaria que llegó por atención médica al Hospital Tony Facio de Limón.
A simple vista, parecía una muestra de solidaridad para con un privado de libertad que había sido trasladado al centro hospitalario por una aparente fractura en un dedo del pie izquierdo.
Sin embargo, para los oficiales de la Policía Penitenciaria que lo custodiaban, aquel gesto despertó suficientes sospechas como para intervenir de inmediato.
Eran las 13:10 horas del miércoles 29 de julio cuando el privado de libertad de apellido Gamboa, proveniente de la cárcel de Limón, esperaba atención médica.
En ese momento, un auxiliar de enfermería de apellido Araya se acercó y, sin autorización de los oficiales responsables de la custodia, le entregó un paquete de jugo y una bolsa de frituras.
Los policías penitenciarios interceptaron los alimentos antes de que llegaran a manos del privado de libertad y lo que parecía una merienda ocultaba algo muy distinto.
Al revisar la bolsa de frituras encontraron, escondido en el fondo del empaque, un envoltorio con una sustancia sospechosa.
Con el fin de preservar la evidencia, los oficiales evitaron manipular el contenido y sellaron nuevamente la bolsa, activando de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.
La alerta movilizó a la Fiscalía de Limón. Tras conocer los hechos, la fiscal de turno ordenó la detención del auxiliar de enfermería y dispuso que permaneciera bajo custodia mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se trasladaban al hospital para asumir la investigación.
Minutos después, los investigadores realizaron la prueba de campo en presencia de la representante del Ministerio Público y del defensor público. El resultado confirmó que la sustancia correspondía a marihuana, con un peso aproximado de 35 gramos, según el OIJ.
Concluidas las diligencias iniciales, los agentes judiciales solicitaron la colaboración de la Policía Penitenciaria para trasladar al detenido hasta las celdas del OIJ, donde continuará el proceso judicial correspondiente.
La investigación también alcanza al privado de libertad, quien deberá afrontar un procedimiento disciplinario dentro del sistema penitenciario por el aparente intento de recibir una sustancia ilícita durante su salida médica y, posteriormente, introducirla al centro penal.
El caso pone de manifiesto que la seguridad penitenciaria no termina en los portones de una cárcel.
Cada traslado hospitalario representa un escenario de riesgo que exige vigilancia permanente, precisamente porque personas privadas de libertad pueden intentar aprovechar esos desplazamientos para recibir artículos prohibidos.
En esta ocasión, la intervención oportuna de la Policía Penitenciaria evitó que la aparente droga llegara a su destino y permitió que el caso pasara de una consulta médica a una investigación judicial.
Lo que inició como una atención por una lesión terminó revelando un presunto intento de introducir droga al sistema penitenciario utilizando un método cotidiano.
Entre el 8 de mayo y el 28 de julio de este año la Policía Penitenciaria envió a la Fiscalía a 178 personas por tratar de vulnerar la seguridad institucional y querer meter ilícitos a una cárcel.
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