Grupo operaba desde prisión utilizando un “call center” como centro de operaciones
Este miércoles, agentes de la Sección Especializada Contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron una serie de ocho allanamientos simultáneos en La Sabana, Guatuso, Aguas Zarcas, San Sebastián, Cartago y el Centro de Atención Integral Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma). El operativo culminó con la detención de 36 personas, presuntamente vinculadas a una organización dedicada a estafas informáticas, que habrían causado un perjuicio económico estimado en 125 mil millones de colones desde 2017.
El líder del grupo, según las investigaciones preliminares, operaba desde el Centro Nacional de Atención Específica (Máxima Seguridad), donde utilizaba aplicaciones de mensajería para coordinar las actividades delictivas. Aparentemente, la red funcionaba mediante técnicas de ingeniería social y la utilización de cuentas bancarias de terceros para transferir el dinero de las víctimas.
Uno de los puntos clave allanados fue una estructura ubicada en La Sabana, que operaba como un “call center” desde donde se ejecutaban las estafas. Durante el operativo, fueron aprehendidas 25 personas en este lugar.
Lista de personas detenidas hasta el momento
Masculinos:
- Palacios, 31 años
- López, 32 años
- Moreno, 24 años
- Alfaro, 27 años
- Villalobos, 33 años
- Sandino, 23 años
- Godínez, 29 años
- Lanza, 21 años
- Herrera, 28 años
- Barrantes, 32 años
- Chaves, 18 años
- Mesén, 35 años
- Herrera, 28 años
- Castro, 18 años
- Castro, 27 años
- Castro, 19 años
- Vindas, 29 años
- Núñez, 33 años
- Fuentes, 28 años
- Herrera, 32 años
- Mayorga, 32 años
- Betanco, 23 años
- Chavarría, 24 años
- Martínez, 29 años
- Palacios, 31 años
Femeninas:
- Campos, 64 años
- Gutiérrez, 26 años
- Vindel, 44 años
- Rivera, 39 años
- Rivera, 22 años
- Méndez, 36 años
- Hernández, 41 años
- Oviedo, 23 años
- Álvarez, 30 años
- Araya, 18 años
- Mora, 29 años
- Sabana, 40 años
Todo lo decomisado, junto con los detenidos, será presentado ante el Ministerio Público para la apertura de procesos judiciales. Este operativo representa un esfuerzo contundente por parte de las autoridades para combatir el fraude informático en Costa Rica.
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