Acoso escolar se puede prevenir y se debe denunciar. El transportista se expone a la caducidad de su permiso.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) trabajan conjuntamente para investigar y sancionar hasta las últimas consecuencias los hechos que permitieron la agresión a una joven sancarleña en una unidad de transporte de estudiantes.
Tras conocer los hechos, las tres entidades accionaron diferentes tareas en sus respectivas competencias, buscando no solo sancionar los actos de violencia presentados, sino también identificar los aspectos a corregir para evitar situaciones similares en el futuro.
Kennly Garza Sánchez, Presidenta Ejecutiva del PANI, recalcó que el acoso escolar se puede prevenir y se debe denunciar, ya que esta forma de violencia se da de manera sostenida en el tiempo, con una intensidad creciente que conlleva peligro y puede tener consecuencias negativas y hasta letales en los menores de edad. El PANI recibió 589 reportes de acoso escolar el año pasado y en el primer semestre de 2024 ha atendido 366 incidentes.
Desde el MEP, se inició el procedimiento para aplicar la acción correctiva disciplinaria correspondiente, que podría llegar a la sanción máxima. El personal educativo visitó a las familias de ambos estudiantes para explicar los procedimientos de los protocolos y dar seguimiento. Se ofreció asistencia a la estudiante víctima de la agresión con el equipo interdisciplinario de la Dirección Regional, asistencia que se reforzará al regreso de las vacaciones con el resto de la comunidad estudiantil.
Además, se ordenó una revisión del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) para analizar la posibilidad de endurecer sanciones contra los estudiantes que realicen actos de violencia, proponiendo su reforma al Consejo Superior de Educación.
El transportista se expone a la caducidad de su permiso. La Supervisión de Centros Educativos solicitó un informe de los hechos a la empresa de transporte, mientras que el Consejo de Transporte Público (CTP) acordó abrir un proceso administrativo contra el empresario autobusero, por posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 15.203-MOPT.
Carlos Ávila, Viceministro de Transportes, explicó que la investigación busca determinar si la unidad de transporte contaba con la figura de un responsable del orden, la disciplina y la seguridad de los menores, como lo establece la normativa. Si se comprueba que el acompañante viajaba al lado del conductor, se indagará por qué se permitió el desarrollo de los hechos de violencia. Se estima que los resultados de esta investigación estarán en un mes, y la cancelación del permiso es la sanción máxima a la que se expone este operador de transporte.
Las autoridades del MOPT hacen un llamado a los padres de familia para que verifiquen que el servicio de transporte en el que viajan los niños y adolescentes cumple con la normativa vigente. El PANI recuerda que cuenta con la línea gratuita 1147, el WhatsApp 8989-1147, todas las redes sociales, la mensajería privada de la web y el enlace con el 9-1-1 para tramitar denuncias.
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