Ministerio de Justicia pone fin a convenio para audiencias virtuales. – ACR.net

El Ministerio defiende la decisión por razones de seguridad penitenciaria y asegura que el acceso a la justicia no se verá afectado.

El Ministerio de Justicia y Paz actuó plenamente dentro del marco jurídico al dar por finalizado el convenio con el Poder Judicial que regulaba la realización de audiencias virtuales entre ambas instituciones. Ese convenio establecía expresamente que cualquiera de las partes podía darlo por finalizado cuando así lo estimara conveniente.

La decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad penitenciaria y de optimización de los recursos policiales del Estado.

Hoy Costa Rica enfrenta un escenario distinto, marcado por la presencia de privados de libertad de altísima peligrosidad y por la necesidad de fortalecer la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

En esas circunstancias, el Ministerio considera prioritario que la Policía Penitenciaria concentre sus esfuerzos en las labores para las que fue creada: reforzar la vigilancia, los fortines, las pasarelas y los controles internos de las cárceles.

Asimismo, la legislación vigente asigna al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la responsabilidad de efectuar los traslados de los privados de libertad hacia los despachos judiciales y su posterior retorno a los centros penales.

Resulta importante recordar que el propio Ministerio Público ha señalado que la presencialidad constituye la regla y que la virtualidad representa una excepción. Y los datos respaldan dicha tesis.

Solo durante el año 2025 se realizaron aproximadamente 2.800 audiencias virtuales, mientras que el OIJ ejecutó alrededor de 23.400 traslados de privados de libertad hacia los tribunales de justicia. Estos datos evidencian que el sistema judicial opera, principalmente, mediante audiencias presenciales.

La terminación del convenio no limita el acceso a la justicia, ni afecta los derechos de los privados de libertad. Se trata de una decisión administrativa adoptada dentro de las facultades legales del Ministerio de Justicia y Paz para atender las actuales necesidades de seguridad del sistema penitenciario.