Defensoría alerta sobre vacíos legales frente a fraudes cibernéticos.

La institución advierte que miles de familias quedan indefensas ante estafas electrónicas y urge aprobar una ley de protección financiera.

La Defensoría de los Habitantes reiteró su profunda preocupación por la creciente vulnerabilidad de la sociedad frente a los fraudes cibernéticos que afectan a las personas usuarias del sistema financiero nacional, principalmente por la ausencia de un instrumento legal que garantice la protección al consumidor financiero.

Según la entidad, desde hace meses se han señalado debilidades normativas e insuficiente resguardo de los usuarios de servicios financieros, especialmente en casos de estafas electrónicas y rebajos no autorizados. El aumento de estos delitos ha dejado a miles de familias costarricenses sin mecanismos efectivos de restitución de fondos.

La Defensoría indicó que, en muchas ocasiones, los afectados son revictimizados debido a resoluciones poco transparentes por parte de los bancos, donde se les traslada la carga de la prueba sin que exista claridad sobre si las entidades cumplen con los estándares de seguridad informática.

En un informe enviado a la Defensoría, la SUGEF reconoció que el Acuerdo SUGEF 10-07 constituye una herramienta normativa sólida, pues establece controles mínimos obligatorios, fomenta la educación en ciberhigiene digital y promueve evaluaciones de riesgos. Además, detalló que el ente supervisor ejerce su rol mediante verificaciones, observaciones formales y sanciones cuando corresponde.

El acuerdo obliga a los bancos a implementar controles que permitan identificar patrones de transacciones atípicas, dispositivos frecuentes de autenticación y comportamiento de los usuarios, entre otros. Para la Defensoría, cuando se rechaza un reclamo de un afectado, las resoluciones deben fundamentarse bajo el principio de responsabilidad objetiva e incluir informes técnicos y trazabilidad de las operaciones.

La entidad coincidió con la SUGEF en que el riesgo tecnológico y de ciberseguridad no puede eliminarse, pero enfatizó en la necesidad de crear un ranking público, auditado por el regulador, que clasifique a las entidades financieras según sus niveles de seguridad, protocolos de restitución y transparencia.

Finalmente, la Defensoría consideró que la discusión del Proyecto de Ley N.° 23908 en la Asamblea Legislativa es una oportunidad para reforzar la protección de los usuarios.

“El país no puede seguir gestionando los fraudes cibernéticos con herramientas parciales que dejan desprotegida a la ciudadanía. Se requiere un marco regulatorio robusto, con medidas preventivas y correctivas claras, que coloque a las personas usuarias en el centro de la protección financiera”, afirmó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.