El TSE amplió el plazo para que instituciones públicas y privadas adapten sus sistemas y acepten el documento electrónico.
Aunque la Identidad Digital Costarricense (IDC) ya tiene la misma validez legal que la cédula física, las instituciones públicas y privadas dispondrán de más tiempo para adaptar sus sistemas antes de que su aceptación sea obligatoria en todo el país.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que el nuevo plazo vence el 1.º de enero de 2027, fecha a partir de la cual las entidades deberán aceptar la cédula digital en los trámites y servicios que brindan a la ciudadanía.
La obligación debía entrar en vigor este año; sin embargo, el Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial solicitaron una prórroga al TSE para contar con más tiempo para adecuar sus plataformas y procedimientos internos.
El Tribunal aclaró que esta decisión no modifica la validez jurídica de la Identidad Digital Costarricense. Las personas que ya cuentan con el documento en su teléfono celular pueden seguir utilizándolo como medio oficial de identificación.
No obstante, mientras concluye el proceso de implementación, el TSE recomienda verificar previamente si la institución o empresa donde se realizará el trámite ya acepta la IDC, con el fin de evitar contratiempos o desplazamientos innecesarios.
La ampliación del plazo busca que todas las entidades completen la transición tecnológica y estén preparadas para utilizar la cédula digital de forma generalizada a partir de 2027.

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