Más de 10.000 funcionarios públicos interinos recibirán nombramiento en propiedad en Costa Rica.

Primeras etapas de nombramientos proporcionarán estabilidad laboral a miles de empleados del sector público

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) han anunciado la primera fase de nombramientos en propiedad para más de 10.000 funcionarios públicos interinos en Costa Rica. Esta medida tiene como objetivo brindar estabilidad laboral a aquellos empleados que han ocupado plazas interinas durante más de dos años.

La ministra de MIDEPLAN, Laura Fernández Delgado, destacó la importancia de cumplir con esta medida en cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público, asegurando que se está proporcionando estabilidad y tranquilidad a miles de empleados que han desempeñado sus funciones de manera efectiva durante un período prolongado.

Según lo establecido en la ley, las instituciones deben diseñar un plan para los nombramientos en propiedad de plazas interinas ocupadas por dos o más años. Los candidatos deben cumplir con los requisitos legales, académicos y de experiencia para el cargo, así como demostrar su idoneidad mediante pruebas administradas por la DGSC y contar con el respaldo de su jefatura inmediata.

Un claro ejemplo de esta medida es el Ministerio de Educación Pública (MEP), que otorgará propiedad en una primera etapa a más de 7.400 funcionarios interinos, seguido por otros 2.000 en una segunda etapa. Esto incluye a personal docente, administrativo y de servicios en centros educativos.

Además del MEP, otras instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Salud y Hacienda, entre otros, también se unirán a esta primera etapa de nombramientos. En total, 45 entidades del Régimen del Servicio Civil están involucradas en la implementación del Transitorio IX de la Ley.

Se espera que este proceso de nombramientos en propiedad proporcione una mayor estabilidad laboral y continuidad en los servicios públicos, beneficiando tanto a los empleados como a la sociedad en general.