Tras conocer una investigación realizada por una comisión del propio Ministerio de Salud, esta cartera abrió un procedimiento disciplinario a dos funcionarios, los cuales, presuntamente, otorgaron de manera irregular doce permisos de habilitación.
La investigación empezó desde finales del año 2022 y los hechos, aparentemente irregulares, sucedieron en el 2019. Hasta el momento, se han detectado diferentes inconsistencias relacionadas, entre otras cosas, con la declaración de domicilio y sede de la empresa solicitante.
Por otro lado, es cierto que la empresa solicitante presentó la documentación establecida para el otorgamiento de los permisos, sin embargo, no consta en los expedientes que los funcionarios hayan verificado el cumplimiento de los requisitos. Este último es un procedimiento que se estipula legalmente como indispensable.
Ante estas situaciones, el Ministerio de Salud se vio en la obligación de elevar y denunciar los actos ante el Ministerio Público, con el fin de que se logre determinar si alguno de estos funcionarios incumplió normativas contempladas en el Código Penal.
De comprobarse lo que se menciona en los informes, se estaría violando la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, el deber de probidad y se estaría incurriendo en delitos como peculado, prevaricato, entre otros. Además, se estaría favoreciendo el mal uso de recursos públicos y, eventualmente, se estaría poniendo en riesgo la salud de los costarricenses al autorizar irregularmente las operaciones de un servicio.
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