Fiscal general inspecciona el CACCO en medio de denuncias.

Jueces y organismo de derechos humanos acompañaron la visita

La supervisión de las condiciones en que permanecen las personas privadas de libertad en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) llegó este viernes 13 de noviembre a un nuevo punto de tensión, luego de que el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, se presentara en las instalaciones acompañado de jueces de ejecución de la pena y representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El recorrido se realizó en la cárcel de máxima contención ubicada en San Rafael de Alajuela, cuya operación ha estado rodeada de cuestionamientos por las medidas de seguridad y las condiciones impuestas a la población recluida.

La llegada de la delegación fue confirmada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien manifestó públicamente su inconformidad porque, según indicó, los funcionarios ingresaron sin coordinar previamente la visita con su ministerio. También cuestionó que hubiera representantes de medios de comunicación acompañando la diligencia.

El jerarca expresó su molestia en redes sociales y criticó lo que consideró un intento de convertir el recorrido en un espectáculo mediático. En su publicación escribió: “Y, por supuesto, ¡con prensa incluida para montar un espectáculo mediático!”. Además, cuestionó las motivaciones de los participantes con otra frase: “¿Persecución obsesiva y show politiquero?”.

Las declaraciones del ministro constituyen su valoración sobre la actuación de los funcionarios; sin embargo, no demuestran por sí mismas que la visita tuviera una finalidad política.

La presencia de las autoridades judiciales y del organismo de prevención se produce en medio de denuncias sobre supuestos tratos degradantes, cortes de cabello obligatorios, restricciones al contacto con familiares y períodos prolongados de permanencia dentro de las celdas.

Estas condiciones han generado preocupación entre abogados, organizaciones de derechos humanos y entidades encargadas de supervisar los establecimientos penitenciarios. Entre los puntos más discutidos figuran también los procedimientos utilizados durante los traslados y la exposición pública de imágenes de personas recluidas.

Uno de los aspectos que ha provocado mayor debate es la obligación de mantener el cabello rapado. El Ministerio de Justicia ha defendido esa disposición por razones de higiene y seguridad, mientras que sus detractores cuestionan la forma en que se aplica.

Las condiciones de aislamiento representan otra preocupación, particularmente por la cantidad de horas que los internos permanecen dentro de sus celdas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha advertido sobre el riesgo de que determinadas prácticas puedan generar escenarios de violencia institucional y ha señalado la importancia de que las medidas de seguridad respeten la dignidad humana y las normas nacionales e internacionales.

La existencia de estas observaciones no significa que todas las denuncias hayan sido comprobadas. Corresponde a las instancias competentes examinar cada situación y establecer si se produjeron irregularidades.

La delegación que llegó al CACCO incluyó al fiscal general Carlo Díaz Sánchez, jueces de ejecución de la pena y representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, organismo adscrito administrativamente a la Defensoría de los Habitantes.

Cada una de estas instancias tiene responsabilidades distintas. Los jueces de ejecución de la pena deben vigilar que las sanciones impuestas por los tribunales se cumplan conforme a la legislación costarricense y ejercer control judicial sobre la ejecución de las condenas, incluida la protección de los derechos de las personas sentenciadas.

Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene facultades para visitar centros de detención, examinar las condiciones en que permanecen las personas privadas de libertad y prevenir prácticas contrarias a su dignidad. Estas inspecciones forman parte de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La participación del fiscal general también cobra relevancia ante las denuncias de posibles irregularidades dentro del sistema penitenciario. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar eventuales delitos, independientemente de que las personas involucradas se encuentren privadas de libertad.

No obstante, hasta el momento no se han detallado oficialmente los motivos específicos que originaron la visita de este viernes ni se han divulgado los resultados de las diligencias efectuadas.

Desde el Ministerio de Justicia, Aguilar ha defendido el modelo de máxima contención como parte de una estrategia para recuperar el control de las cárceles y combatir las estructuras del crimen organizado. El jerarca sostiene que las disposiciones buscan reducir la violencia, impedir el ingreso de objetos prohibidos y evitar que las organizaciones delictivas continúen operando desde los centros penitenciarios.

En declaraciones anteriores, el ministro rechazó que el Gobierno pretenda aplicar prácticas de tortura y aseguró: “No nos vamos a convertir en torturadores ni en personas que los vayamos a maltratar”.

También ha manifestado que las personas recluidas seguirán recibiendo alimentación, atención médica y acceso a los servicios contemplados en el régimen penitenciario. Según su posición, el CACCO requiere controles más estrictos debido al perfil de la población que alberga.

La controversia no se limita a las condiciones de reclusión. Las diferencias entre Carlo Díaz y Gabriel Aguilar han adquirido notoriedad durante los últimos meses, principalmente por investigaciones y denuncias relacionadas con posibles abusos de autoridad en establecimientos penitenciarios.

El fiscal general ha defendido la obligación del Ministerio Público de investigar cualquier posible delito, mientras que el ministro de Justicia ha cuestionado públicamente algunas actuaciones fiscales y ha insistido en que las autoridades penitenciarias necesitan herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales.

Este enfrentamiento institucional ha alimentado el debate sobre hasta dónde pueden llegar las medidas de seguridad en las cárceles, cuáles son los límites legales de las autoridades penitenciarias y qué mecanismos deben garantizar que las personas bajo custodia del Estado mantengan sus derechos fundamentales.

La discusión también plantea la responsabilidad estatal de mantener el orden y evitar que las estructuras criminales continúen ejerciendo control desde prisión, sin que ello implique desconocer las garantías establecidas en la normativa costarricense y los compromisos internacionales del país.

Por ahora, se desconoce si el recorrido de este viernes dará lugar a nuevos informes técnicos, recomendaciones o diligencias judiciales. Tampoco se ha informado si los integrantes de la delegación entrevistaron a personas privadas de libertad, revisaron expedientes o inspeccionaron sectores específicos de las instalaciones.

Esos detalles permitirían conocer con mayor precisión el alcance de la inspección y determinar si se identificaron situaciones que ameriten medidas adicionales. La publicación del ministro Aguilar es, hasta el momento, la principal información divulgada sobre la llegada de la delegación, mientras se espera un pronunciamiento de las instituciones participantes acerca de las actuaciones desarrolladas en el centro penitenciario.