Recurso busca frenar apertura de nueva cárcel CACCO.

Académico pide detener inauguración y traslados

El Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) enfrenta ahora un escenario judicial que podría marcar su entrada en funcionamiento. Un recurso presentado ante la Sala Constitucional solicita que se detenga la inauguración del complejo y que tampoco se concrete el traslado de privados de libertad hacia sus instalaciones.

La gestión fue presentada por Ricardo Zeledón Zeledón, catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), y quedó registrada bajo el expediente 26-0366376-0007-CO.

La acción constitucional fue dirigida contra la presidenta Laura Fernández, el expresidente Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

El planteamiento sostiene que el régimen previsto para el nuevo centro penitenciario podría comprometer derechos fundamentales de las personas privadas de libertad que sean sometidas a sus condiciones.

Zeledón no plantea únicamente una suspensión temporal de la apertura. Su pretensión incluye impedir que el centro sea inaugurado y evitar que se realicen traslados de privados de libertad. Incluso, al explicar el alcance de su iniciativa, manifestó que la presentó “para demoler, no inaugurar ni el traslado de privados de libertad” al nuevo complejo.

Uno de los elementos centrales del reclamo es la relación que el académico establece entre el proyecto costarricense y el sistema penitenciario implementado por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

En ese contexto, el recurso incorpora como antecedente la visita de Bukele a Costa Rica en diciembre de 2024, así como los posteriores acercamientos entre ambos países en asuntos relacionados con seguridad.

También se hace referencia al viaje de Rodrigo Chaves a El Salvador, donde el entonces mandatario conoció el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las principales instalaciones utilizadas por el Gobierno salvadoreño dentro de su estrategia contra las pandillas.

A partir de esos antecedentes, Zeledón cuestiona que Costa Rica adopte elementos de un modelo que, según sus argumentos, contempla fuertes restricciones para las personas recluidas.

El recurso pone especial atención en condiciones relacionadas con las visitas, las llamadas telefónicas, el tiempo de permanencia dentro de las celdas y las posibilidades de reinserción de quienes permanezcan bajo ese régimen.

Pero los cuestionamientos no se limitan al funcionamiento interno del CACCO. La gestión también solicita revisar aspectos relacionados con el financiamiento de la obra y la asesoría que habría recibido el proyecto durante su desarrollo.

El objetivo de la acción es que esas condiciones sean examinadas antes de que el Ministerio de Justicia y Paz comience a trasladar personas al nuevo centro, concebido por el Gobierno como parte de su estrategia para aplicar un régimen de mayor contención a privados de libertad vinculados con estructuras de criminalidad organizada.

Por ahora, la presentación del recurso no implica que la Sala Constitucional haya establecido que el CACCO sea inconstitucional ni que haya determinado la existencia de una violación de derechos fundamentales.

La nueva controversia queda así en manos de la jurisdicción constitucional, que deberá definir el trámite de la gestión y posteriormente analizar los argumentos planteados por Zeledón sobre las condiciones bajo las cuales funcionaría el nuevo centro penitenciario.