Policías podrían portar armas Taser.

Proyecto de ley propone incorporar dispositivos de menor letalidad para las fuerzas policiales.

La posibilidad de que los cuerpos policiales de Costa Rica utilicen armas Taser comenzó a discutirse en la Asamblea Legislativa, luego de la presentación de un proyecto de ley que pretende incorporar estos dispositivos como una herramienta adicional para enfrentar situaciones de riesgo sin recurrir de inmediato al uso de armas de fuego.

La propuesta, registrada bajo el expediente 25.688, fue presentada por la diputada Kattia Mora, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), junto con otras iniciativas impulsadas en coordinación con la legisladora Marta Esquivel.

De aprobarse, las Taser pasarían a formar parte del equipamiento autorizado para los cuerpos policiales, aunque su utilización estaría limitada a oficiales que hayan recibido capacitación especializada y únicamente en circunstancias donde la fuerza empleada sea proporcional a la amenaza.

El texto plantea que estos dispositivos puedan utilizarse para proteger la vida de civiles y policías, controlar a personas que representen un peligro inminente, reducir agresiones violentas y evitar la comisión inmediata de delitos cuando otras opciones menos lesivas no sean suficientes.

Sin embargo, la iniciativa también establece una serie de restricciones. Quedaría prohibido utilizar las Taser como método de castigo, intimidación o tortura, así como aplicarlas sobre personas que ya estén controladas o esposadas, salvo que exista un riesgo inmediato para terceros.

Además, el proyecto señala que deberá evitarse su uso contra mujeres embarazadas, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad visible o con aparentes problemas médicos graves, excepto en aquellos casos donde la amenaza haga imposible emplear otra alternativa.

Otro de los puntos incluidos en la propuesta obliga a que cada descarga quede registrada mediante un informe oficial detallando fecha, hora, lugar, motivo de la intervención, número de descargas, duración y consecuencias observadas. Cuando existan cámaras corporales o equipos de grabación en las patrullas, ese material también deberá incorporarse al expediente.

La iniciativa exige, además, que los oficiales reciban formación en derechos humanos, uso progresivo de la fuerza, primeros auxilios, funcionamiento técnico de los dispositivos, riesgos médicos y manejo de personas en crisis o bajo los efectos de alcohol o drogas.

El propio proyecto reconoce que las Taser no están exentas de riesgos, pues una descarga puede provocar lesiones derivadas de caídas o complicaciones en personas con determinadas condiciones cardíacas, razón por la cual plantea protocolos de atención médica para quienes sean alcanzados por el dispositivo.

Pese a la presentación del expediente, las armas Taser todavía no podrán ser utilizadas por la policía costarricense. La propuesta deberá superar el proceso legislativo, incluyendo el análisis en comisión, consultas, eventuales modificaciones y votaciones antes de convertirse en ley.

Asimismo, el texto no define cuánto costará la implementación, cuántos dispositivos serían adquiridos ni cuáles cuerpos policiales los recibirían primero. También deja pendiente la identificación de la fuente de financiamiento, indicando únicamente que su aplicación dependería de la disponibilidad presupuestaria de cada institución.