La institución advirtió posibles inconsistencias en los datos utilizados para justificar el ajuste tarifario solicitado para la ruta que pasa por el Puente La Amistad.
La Defensoría de los Habitantes formalizó su oposición ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) contra la solicitud de incremento tarifario presentada por la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste S.A. para la ruta 1507, que conecta San José con Nicoya a través del Puente La Amistad.
Según el análisis técnico realizado por la Defensoría, la propuesta contempla aumentos de hasta un 20% en algunos ramales, situación que, a criterio de la institución, carece de una evaluación integral sobre las consecuencias económicas y sociales para los usuarios de la Región Chorotega.
La entidad señaló que el ajuste impactaría principalmente a familias de ingresos limitados que dependen del transporte público para trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo, centros educativos y servicios de salud. Además, advirtió que el incremento podría comprometer el principio de asequibilidad que debe regir este servicio esencial.
De acuerdo con los datos examinados por la Defensoría, el gasto promedio mensual en transporte para los habitantes de la Región Chorotega ronda actualmente los ₡85.000, cifra que podría elevarse a más de ₡102.000 mensuales en caso de aprobarse el aumento solicitado.
Entre los argumentos presentados ante la ARESEP, la Defensoría también señaló inconsistencias en la información utilizada para sustentar la petición tarifaria. Según indicó, existen diferencias entre los datos de ingresos y la cantidad de pasajeros reportados por la empresa y los registros oficiales de la autoridad reguladora.
Asimismo, el estudio evidenció un aumento en la demanda del servicio, condición que técnicamente podría favorecer economías de escala y contribuir a mantener la estabilidad de las tarifas.
La institución también llamó la atención sobre reportes operativos que reflejan hasta 106 pasajeros por viaje en algunos ramales, una cifra que supera ampliamente la capacidad habitual de los autobuses, estimada entre 45 y 55 asientos. Esta situación, según la Defensoría, podría sugerir un subregistro de carreras o la utilización de servicios de refuerzo que no habrían sido contabilizados.
Otro de los puntos cuestionados es que la ARESEP ya autorizó el pasado 21 de mayo un ajuste general del 5,43%, destinado a cubrir rubros considerados críticos, entre ellos los combustibles, que representan aproximadamente el 28% de la estructura de costos del servicio.
Por esta razón, la Defensoría considera que aprobar un nuevo incremento ordinario podría representar un doble reconocimiento de gastos que ya fueron compensados, lo que, según su criterio, vulneraría los principios de proporcionalidad y razonabilidad, afectando de forma injustificada a los usuarios.
Ante este panorama, la institución solicitó a la ARESEP realizar una revisión exhaustiva de los aspectos técnicos, financieros y operativos antes de emitir una resolución sobre el expediente tarifario.
Además, recordó que el transporte público es un servicio esencial y que cualquier modificación en las tarifas debe estar respaldada por criterios de transparencia, razonabilidad y proporcionalidad, colocando siempre a las personas usuarias en el centro del proceso regulatorio.
La audiencia pública relacionada con esta solicitud se llevó a cabo el martes 2 de junio de 2026 a las 5:00 p.m.
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