Magistrado revela retiro de visa y lanza fuertes críticas tras decisión internacional. – SomosACRnet

Fernando Cruz asegura que medida fue notificada días antes y cuestiona implicaciones sobre independencia judicial

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, una decisión que, según explicó, le fue comunicada el pasado 10 de marzo, aunque no fue sino hasta este lunes que verificó oficialmente la notificación.

De acuerdo con sus declaraciones, el magistrado afirmó no sentirse afectado por la medida, e incluso la calificó como “un honor”, al tiempo que lanzó cuestionamientos hacia la administración del presidente Donald Trump y su postura internacional.

Cruz también hizo referencia al contexto político nacional, señalando que observa coincidencias entre los magistrados a quienes se les ha retirado la visa y aquellos cuyos fallos han incomodado al gobierno del presidente Rodrigo Chaves, aunque aclaró que no puede establecer una relación directa con certeza.

El funcionario indicó que esta acción tiene un impacto simbólico importante, al considerarla una afectación a la independencia judicial, pese a tratarse de una decisión soberana del país norteamericano.

Con este caso, Cruz se convierte en el segundo magistrado de la Sala Constitucional al que se le revoca la visa estadounidense, sumándose a Paul Rueda.

El magistrado también detalló que no pudo asistir a una actividad en la Northwestern University, donde recibiría un reconocimiento por su trayectoria, debido tanto a esta situación como a limitaciones operativas dentro del tribunal constitucional.

Además, cuestionó el retiro de visas a diversas figuras públicas costarricenses, entre ellas Rodrigo Arias, Óscar Arias Sánchez y otras autoridades políticas, señalando que este tipo de medidas pueden incidir en el ejercicio de funciones dentro del país.

Finalmente, Cruz calificó la decisión como “injusta” y “contraria a principios fundamentales”, insistiendo en que este tipo de acciones pueden interpretarse como una presión externa sobre el sistema judicial costarricense.