La propuesta de la diputada María Marta Carballo ya cuenta con dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, presentó el proyecto de ley bajo el expediente 24.612, el cual plantea que toda persona con condena firme en prisión deba combinar estudio y trabajo de manera obligatoria.
La iniciativa ya obtuvo dictamen afirmativo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y pasará al Plenario Legislativo, donde continuará su trámite para su eventual aprobación como Ley de la República.
Según datos del Ministerio de Justicia, al corte de marzo de 2025 había 17.452 personas recluidas, cada una con un costo promedio de ¢22.000 diarios, lo que representa más de ¢383 millones al día para el Estado. Carballo señaló que actualmente los privados de libertad “no generan ni aprenden ninguna labor”, por lo que considera que el proyecto es un mecanismo de retorno social y económico.
El plan contempla que quienes participen en los programas puedan optar por beneficios carcelarios, mientras que quienes se nieguen no tendrán acceso a ellos.
No obstante, la iniciativa excluye a personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con limitaciones físicas o psicológicas certificadas.
Carballo explicó que este modelo ya se aplica en países como Alemania, Japón y Argentina, donde ha mostrado resultados positivos en la reinserción social y en la reducción de la reincidencia.
La legisladora subrayó que los horarios corresponderán a una jornada diurna de ocho horas, respetando los tratados internacionales de derechos humanos. Además, citó instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que avalan el trabajo penitenciario obligatorio.
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