Ministro Mario Zamora impulsa reforma constitucional para incluir este delito en el régimen de extradición
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, presentó una propuesta para que el homicidio doloso se sume al catálogo de delitos que permiten la extradición de ciudadanos costarricenses, como una herramienta directa contra el sicariato en el país.
“Costa Rica no puede convertirse en refugio de sicarios y homicidas. Por eso es fundamental que el homicidio doloso se incluya entre los delitos que permiten la extradición de nacionales”, enfatizó el jerarca, al defender que la medida se ajusta al marco constitucional vigente.
La iniciativa fue planteada en el contexto de la discusión del expediente legislativo 25.122, el cual busca reformar el artículo 32 de la Constitución Política, ampliando el listado de delitos que habilitan la extradición de costarricenses. Entre los nuevos delitos propuestos están el tráfico de órganos, la trata de personas con fines de explotación sexual, el comercio ilícito de armas y el tráfico de migrantes.
En lo que va del año, Costa Rica registra 519 homicidios dolosos, lo que representa tres casos más que en el mismo periodo del 2024.
El criminólogo Jorge Ulloa valoró que esta propuesta tiene como objetivo frenar la expansión del gatillo fácil vinculado al crimen organizado. “Con esta propuesta, el ministro parece enfocar el esfuerzo en combatir el sicariato, siempre que se demuestre que los involucrados se dedican a esa práctica de forma sistemática”, señaló. Según Ulloa, una sanción con impacto internacional podría desincentivar a quienes ven en el sicariato una actividad lucrativa.
Otro aspecto relevante, según analistas, es el alcance internacional que puede tener el homicidio doloso cuando está vinculado a redes criminales transnacionales. El abogado constitucionalista Marvin Carvajal señaló que, aunque no todos los homicidios trascienden las fronteras, aquellos que se conectan con estructuras globales sí adquieren esa dimensión.
“En esos escenarios, la propuesta tiene sentido”, indicó Carvajal.
La discusión legislativa continúa, con el respaldo de sectores que consideran urgente evitar que Costa Rica se convierta en un refugio para asesinos profesionales, y con la mira puesta en acuerdos internacionales de cooperación judicial, como los que sostienen con Estados Unidos.
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